Juzgan al exgerente del Hospital General de Valencia: "esto es una inquisición, una pesca"

Veinte años después del presunto desvío de fondos en el Hospital General de Valencia, el entonces gerente Sergio Blasco y su hermano Francisco José se sientan en el banquillo. En la Audiencia de Valencia ha arrancado el juicio del conocido como 'caso Ovaldos' contra los sobrinos del exconseller del PP, Rafael Blasco, acusados junto a nueve personas más del desvío de fondos procedentes de contratos públicos adjudicados por el hospital que habrían comenzado a tener lugar en el 2005.

La defensa de Sergio Blasco ha pedido la nulidad del caso. Asegura que la causa es una "inquisición general contra múltiples personas, muchas de ellas ni siquiera investigadas ni acusadas". Sostiene que el auto de incoación de diligencias previas y las actuaciones posteriores se han llevado a cabo "sin indicio alguno de conducta delictiva, ni en la denuncia ni en la querella presentada". Recuerda que se inició a través de una querella por parte de Esquerra Unida en 2014 en la que "el apellido" Blasco era "el indicio". "Esto no merece ningún tipo de comentario. No es delictivo. No se debió admitir", ha reprobado. También ha lamentado que se aludía en la querella a la amistad de determinadas personas en una red social como posible delito de tráfico de influencias: "Ahí no hay nada tampoco que pudiera ser delictivo", ha añadido.

Una vez admitida esa querella y abierto el procedimiento, el letrado ha lamentado que el juzgado "seguía de pesca" con diferentes movimientos porque no tenía nada. Critica que "de algunas personas no investigadas se investigaba hasta su patrimonio".

A esta petición de nulidad se han sumado otros letrados del procedimiento por "no haber indicio alguno de conductas delictivas y por la finalidad prospectiva. No hay hechos ilícitos que narrar, hay falta de concreción y de detalle", ha apostillado el letrado de uno de los empresarios acusados, Miguel Sanfélix.

Prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias

Los acusados en esta causa se enfrentan, en diferentes niveles, a los delitos de prevaricación, malversación, fraude a la Administración, tráfico de influencia y cohecho.

La causa se originó con una querella de EUPV ante la Fiscalía Anticorrupción y, según entendía el instructor, Sergio Blasco creó un entramado de empresas y personas que obtuvieron un beneficio ilícito de la adjudicación de concursos públicos a empresas de conocidos que, a su vez, subcontrataban supuestos servicios y trabajos a otras sociedades de la misma trama sin que ejercitasen actividad alguna, pero justificando con ello los pagos que se realizaban. Y se servían de estas mismas empresas para cobrar comisiones directas e indirectas con unos beneficios que revertían en los integrantes de la organización.

En concreto, según detallaba el instructor, la organización adjudicaba contratos administrativos, en muchos casos con irregularidades, de prestación de servicios por realización de obras, a mercantiles de actividad contrastadas y dirigidas por personas vinculadas a Sergio Blasco y entre sí.

Estas, a su vez, subcontrataban con otras empresas pertenecientes a la organización que, en muchos casos carecían de actividad empresarial y personal, "sin que puedan justificar los trabajos o servicios que supuestamente habían efectuado pero los que habían cobrado", subrayaba en el auto de procesamiento. Esos ingresos se repartían entre las personas de la organización.