La Generalitat blinda sus pisos contra los okupas: 300 alarmas y vigilancia 24 horas para frenar los asaltos

La Generalitat Valenciana ha decidido declarar la guerra a los okupas. A través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) que depende de la vicepresidencia primera que dirige Susana Camarero, el Consell ha licitado la instalación de 300 alarmas individuales con conexión directa a la Policía para proteger su parque público de viviendas.

El objetivo es cerrar la puerta a las ocupaciones ilegales que desde hace años lastran la gestión de los pisos sociales y retrasan su entrega a familias que cumplen la ley. Según ha confirmado la directora general de la EVha, Estefanía Martínez, los nuevos dispositivos “suponen un refuerzo sustancial en la prevención de asaltos”. Estas alarmas, además, no dependen de la red eléctrica, lo que permite instalarlas incluso en viviendas vacías o en obras.

Blindaje total: cada vez que un piso público se rehabilita y se adjudica, la alarma se retira y se traslada a otro inmueble vacío, creando así un sistema rotativo de seguridad para todo el parque público. La inversión supera el millón de euros (1.049.070 €) y el contrato tendrá una duración de cuatro años. La Generalitat repartirá las alarmas por toda la Comunitat Valenciana: 150 en Alicante y otras 150 entre Valencia y Castellón. El servicio incluye instalación, mantenimiento, reposición ante vandalismo, custodia de llaves y verificación personal, con un plazo para presentar ofertas abierto hasta el 31 de octubre en la Plataforma de Contratación del Estado.

Fuentes del Consell aseguran que esta iniciativa forma parte de un plan más amplio de “tolerancia cero” contra la ocupación ilegal, que incluye puertas antivandálicas, cámaras de seguridad e incluso vigilancia privada en los bloques más conflictivos. “Cada vivienda ocupada es una familia que se queda sin techo. No vamos a permitirlo”, señalan desde la Conselleria de Vivienda que dirige Susana Camarero. Con este nuevo “escudo antioKupa”, la Generalitat busca enviar un mensaje contundente: los pisos públicos son para quienes los necesitan, no para quienes los asaltan.