Pradas compara la dana con la Covid y denuncia que se vulnera su presunción de inocencia

La defensa de Salomé Pradas, la exconsellera de Emergencias investigada, ha presentado ante el Tribunal de Instancia de Catarroja un recurso de apelación contra el auto dictado el 3 de octubre de 2025, por el que se denegó su petición de sobreseimiento y archivo de la causa abierta por las muertes y daños ocasionados por la dana del 29 de octubre de 2024.

El escrito solicita que la Audiencia revoque el auto de la jueza instructora y decrete el archivo, alegando que “no existen indicios bastantes de la comisión de delito” y que las víctimas murieron por “una catástrofe natural de magnitud imprevisible”. Con contundencia carga contra el procedimiento por presuntamente "vulnerar el derecho a la presunción de inocencia". “Toda la instrucción ha ido dirigida a confirmar una tesis cuasi condenatoria", censura. Arguye que “la instructora rechaza incluir cualquier aspecto que beneficie otras opciones que no sean la tesis que viene manteniendo invariablemente desde el principio, sin importarle los numerosos contraindicios que van apareciendo con las declaraciones, informes y documentación que se van incorporando a la causa.”

Cita expresamente el Auto del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2020 (caso COVID-19) para advertir que no puede exigirse responsabilidad penal por decisiones institucionales tomadas ante fenómenos imprevisibles: “No toda conducta socialmente reprobable tiene encaje en un precepto penal (…) la responsabilidad penal es estrictamente personal”. Sostiene que Pradas no tenía control real sobre la información ni sobre los factores que desencadenaron la tragedia, y que “la señora Pradas no tuvo ni oportunidad de ser negligente”.

Para concluir que la riada fue un fenómeno imprevisible, como vienen apuntando múltiples técnicos, la defensa de la econsellera apoya su recurso en declaraciones de testigos y en pruebas. El presidente de la CHJ, Miguel Polo, reconoció en sede judicial “no haber avisado al CECOPI” cuando conoció el riesgo de desbordamiento y declaró literalmente que “no era relevante esa información”. José Ángel Núñez, director de AEMET, manifestó que “las graves consecuencias de la dana no se podían prever”, y que si lo hubiera sabido, “me habría subido a las Torres de Serranos a gritar que todo el mundo se protegiera”. 

Entre las pruebas que la defensa considera exculpatorias se incluyen: el informe de la Guardia Civil, que concluye que “faltó información y concreción por parte de la CHJ y la AEMET en los peores momentos de la dana”. El informe técnico de la Universidad de Alicante, que señala que el caudal del Poyo procedía de barrancos afluentes competencia de la CHJ, no de la Generalitat. Los vídeos de la reunión del CECOPI, en los que “no se habló en ningún momento del Poyo”, concentrándose el debate en el riesgo de rotura de la presa de Forata. Y los correos electrónicos del SAIH y de la CHJ remitidos con retraso o acumulados.

La defensa de Pradas realiza una cronología precisa que recoge cómo A las 12:30 horas, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) activó la alerta hidrológica del Barranco del Poyo para rebajarla a las 13:42h y  a las 16:13 horas ya estaba prácticamente seco, según la CHJ. Y no fue hasta las 18:43 horas cuando la CHJ advierte por correo -no verbalmente en la reunión del Cecopi en la que participa- de una crecida de 1.700 m³/segundo. Fue entonces, a las 19h, cuando el Cecopi comienza a debatir el posible envío del ES-Alert a Utiel-Requena. Remarcado que fue gestionado por el subdirector Jorge Suárez.