Escándalo del PSOE en Almussafes: Antifraude protege a una trabajadora tras denunciar irregularidades en la empresa municipal

La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha otorgado protección especial a una empleada de una empresa municipal de Almussafes, después de que esta denunciara presuntas irregularidades en el funcionamiento interno de la entidad, dependiente del Ayuntamiento que encabeza el socialista Toni González. La mujer, que también ejerce como delegada sindical de UGT, presentó su denuncia ante Antifraude y, tras analizar el caso, el organismo decidió activar la medida de protección para evitar posibles represalias. Tanto la empresa pública como el propio consistorio trataron de impugnar la resolución, pero Antifraude confirmó la existencia de un riesgo real para la denunciante y mantuvo su decisión.

Se trata de una resolución excepcional: de las quince solicitudes de protección tramitadas en 2025, únicamente dos han sido aprobadas, entre ellas la de esta trabajadora. Antifraude solo concede esta cobertura en casos “de especial gravedad y con indicios fundados de posible acoso o represalia”.

Pese a contar con la protección institucional, la trabajadora asegura haber sido víctima de difamaciones, señalamientos y ataques personales dentro de su entorno laboral. Afirma que el propio Ayuntamiento que dirige Toni González del PSOE y la dirección de la empresa “han mostrado un claro afán de represalia”, al centrar sus esfuerzos en intentar revocar su protección en lugar de esclarecer los hechos denunciados.

En septiembre, la gerencia convocó a toda la plantilla para explicar la situación, responsabilizando a la delegada sindical de haber “bloqueado las mejoras laborales y salariales” del personal. Sin embargo, semanas después, en los escritos enviados a la Antifraude, tanto la gerencia como el consistorio de Almussafes del socialista Toni González aseguraron no haber tenido conocimiento del expediente hasta octubre, una versión que contradice su propia reunión informativa.

Además, aunque ambas instituciones sostienen que “no pidieron retirar la protección”, los documentos presentados ante Antifraude incluyen una solicitud expresa de “nulidad de la medida”, lo que en la práctica habría supuesto dejar sin efecto la protección otorgada. Antifraude, finalmente, rechazó esas alegaciones. La empleada de Almussafes insiste en que su actuación no responde a ningún interés personal, sino a su compromiso con la transparencia y la defensa del dinero público: “Lo que he hecho ha sido por el bien común. No busco privilegios, solo poder seguir viviendo segura y en libertad, sin miedo a represalias por haber hecho lo correcto”, señala. Para ella, su denuncia no es una cuestión sindical, sino un acto de responsabilidad ciudadana. “Defender la verdad y la legalidad no debería ser motivo de persecución”, remata. Un asunto que se ha vuelto negro para el consistorio que dirige el socialista Toni González.