El 'basurazo' de Sánchez desangra a las segundas residencias valencianas vacías pagando 200 euros por 'reciclar'

El polémico "basurazo" impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez obliga a los municipios a cubrir el 100% de los costes de gestión de residuos bajo el principio de "quien contamina paga", aunque como se detallará a continuación no siempre es así.  La Comisión Europea desmintió a Sánchez y negó que fuera la propia Unión Europea quien obliga a España a implementar este coste como tasa a los ciudadanos que supone una duplicidad reproduciendo el mismo concepto de reciclaje que ya se grava mediante otra tasa.

El Gobierno central puso fecha máxima a los ayuntamientos para aplicar 'el basurazo' que debe comenzar antes de finales de 2025. La mayoría de los ayuntamientos lo han aprobado en sus plenos de octubre. Cada uno con criterios diferentes dado que el Ejecutivo no ha establecido ninguno común. 

La Comunidad Valenciana especialmente en sus municipios costeros, posee una de las mayores concentraciones de segundas residencias de España, que son los mayores perjudicados por el 'basurazo'; el pequeño propietario que tiene una segunda residencia en la que no contamina apenas, pero paga igualmente.

En municipios como Gandía se experimenta una oleada de población significativa en verano y el Ayuntamiento socialista de José Manuel Prieto Part ha establecido una tarifa única de 112€  para todos los vecinos y población flotante. Menos sangrante aunque sigue siendo una tasa duplicada- es el de Oropesa del Mar, donde en verano la población se multiplica por diez y los propietarios pagan 28,88€. En Cullera, el Ayuntamiento socialista de Jordi mayor penaliza especialmente a las viviendas destinadas a alquiler turístico que pagan 222€ en el caso de apartamentos de menos de 50 m2 y va ampliándose en función del tamaño hasta los 333€, según han detallado fuentes del Ayuntamiento. De este modo, los apartamentos estilo Airbn&B gravan como uso hotelero. Más estricto es el Ayuntamiento de  Benidorm, que aplica hasta 364,12€ a los apartamentos turísticos mientras la horquilla oscila entre 189,80€ y 217,50€ para las viviendas residenciales. El expolio fiscal no solo se produce en la costa; municipios de interior que también aglutinan una gran cantidad de chalets como segundas residencias, como es el caso de Llíria, pagan en torno a 100 euros, generen o no generen residuos.