¿Por qué interesa que se perpetúe y fomente la violencia?

El 19 de noviembre de 2020, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, conocida como LOMLOE. Aquel día marcó un hito para el futuro de nuestro país. Por primera vez, la ley reconocía la importancia de educar en la empatía hacia todos los seres sintientes, abriendo desde la escuela el camino hacia una sociedad menos violenta.

Sabemos que los cambios legislativos no se traducen en transformaciones inmediatas. En el ámbito educativo, el tiempo que transcurre entre la aprobación de una ley y su implementación efectiva, y la observación de sus resultados, puede extenderse durante años. Muchos años. Sin embargo, en este caso, parece que tendremos que esperar aún más.

Cinco años después de su aprobación, constatamos con una mezcla de incredulidad e impotencia que la ley no ha sido aplicada en su totalidad por todas las comunidades autónomas. En los currículos de las distintas etapas educativas, el contenido relativo a la empatía hacia los animales ha sido parcial o totalmente omitido en la mayoría de ellas.

Solo Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Illes Balears y Murcia han respetado estos contenidos. El resto de comunidades, independientemente del partido político que las gobernaba en el momento de trasponer la ley, los han modificado o eliminado. Incluso partidos que apoyaron la ley en el Congreso han alterado su aplicación cuando han tenido responsabilidad de gobierno autonómico.

Este hecho, que podría parecer menor, constituye un ataque directo a la democracia. Las leyes se aprueban en el Congreso por representantes elegidos en las urnas y deben ser aplicadas conforme al consenso alcanzado, no reinterpretadas según los intereses particulares de cada administración.

Además, y esto podría ser aún más grave, estas omisiones vulneran los derechos y oportunidades de niños y niñas, generando desigualdades educativas según la comunidad autónoma en la que estudien. Se atenta así contra el principio del interés superior del menor.

Eliminar las referencias a los animales en los currículos implica privar a la infancia de una educación basada en la empatía, la bondad y el respeto hacia todos los seres sintientes, y negarle herramientas fundamentales para construir, en su vida adulta, una convivencia pacífica entre humanos y con otras especies.

Suprimir estos contenidos es, por tanto, un atentado contra la paz social, más necesaria hoy que nunca. A estas graves cuestiones hay que añadir la reciente proposición de ley de las Cortes Valencianas que insta al Consell a fomentar que en la escuela se adoctrine a los niños y niñas en la violencia hacia los animales a través de la caza, complaciendo así la demanda de los escopeteros que no cuentan con relevo generacional (este hecho, en sí, es objeto de un artículo específico).

Por todo ello, y al comprobar que no se trata únicamente de una cuestión de una orientación política determinada, no puedo evitar preguntarme: ¿por qué debemos asumir con normalidad que las propias administraciones ignoren la ley sin consecuencias? ¿Por qué nadie supervisa que se cumplan las normas?

Y lo más inquietante: ¿por qué interesa que se perpetúe y fomente la violencia?