El PSOE de Diana Morant sale a defenderse por el escándalo del empadronamiento masivo a inmigrantes ilegales en su pueblo

Un nuevo escándalo sacude al PSOE de la ministra Diana Morant en su localidad. Al caso de corrupción por desvío de fondos en su ministerio se le suma ahora el problema de la trama de inmigrantes ilegales en su municipio, Gandía. Y aunque entre tanta noticia relacionada con la corrupción y los casos de acoso sexual en el PSOE este asunto quede en segundo plano, lo cierto es que la ciudad de Gandía ha amanecido conmocionada. ¿Cómo es posible que el Ayuntamiento empadronara a cientos de inmigrantes ilegales en las casas de vecinos sin que ellos lo supieran?

Esa es la gran incógnita que resulta tras darse a conocer la detención por parte de la Policía Nacional a los integrantes una organización criminal que se dedicaba a introducir a los inmigrantes ilegales en los apartamentos de esta localidad turística. Algunos vecinos han denunciado que tenían más de 10 inmigrantes metidos en sus casas sin su consentimiento. No es un caso aislado, sino masivo: son más de un centenar los casos detectados y resulta llamativo que el Ayuntamiento de Gandía gobernado por el PSOE los haya consentido. 

Para empadronarse en Gandía, es necesario acudir de forma presencial al Ayuntamiento. No existe la opción de la vía telemática ni telefónica. Un requisito que torna todavía más surrealista que el consistorio diera luz verde y los tramitase. Solo se requiere una copia del contrato de alquiler y una factura de la luz, según ha podido contrastar este periódico. Una documentación falsa, según ha concluido la investigación policial. Desde Vox Gandía ya alertaban el pasado mes de noviembre de la existencia de denuncias de vecinos "que tienen a 10 o 15 inmigrantes empadronados en su vivienda sin saberlo" y denunciaron la "inexistencia de filtros". 

El gobierno municipal socialista se ha visto obligado a dar explicaciones y una respuesta a la información de la operación policial, un hecho insólito. "Gandía es una ciudad de orden", ha defendido en un comunicado el concejal responsable, Adrià Vila. Sostiene que "en el momento en el que se conocieron los hechos colaboramos con la Policía Nacional. "La Policía Local comprobó de primera mano las viviendas afectadas", añade. 

Aunque defienden que actuaron "de inmediato", consintieron a priori dichos centenares de empadronamientos a inmigrantes ilegales. Preguntado por ESdiario por cómo es posible que se aprueben estos casos sospechosos sin filtro previo, fuentes del gobierno local vienen a justificar que "en ese momento no se podía comprobar que el contrato era falso o no", pese a lo sospechoso que pudiera parecer que hubiera más de una decena de inmigrantes ilegales en el mismo domicilio y, así, con más de un centenar de casos.

Estos inmigrantes ilegales ya están dados de baja, según expone el citado comunicado. Defienden que han "endurecido los requisitos" a raíz del escándalo y avanzan que ya trabajan en una nueva ordenanza.