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El Consell oficializa la salida de Pablo Broseta para recolocar a Ruth Merino en Europa

Además, el portavoz del gobierno valenciano durante la rueda de prensa posterior a la reunión ha anunciado cambios en Presidencia y Medio Ambiente, refuerza la captación de fondos europeos y aprueba inversiones en sanidad, residencias, vivienda, infraestructuras y reindustrialización. 

Ruth Merino y Pablo Broseta

Ruth Merino y Pablo BrosetaGVA

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El Consell de la Generalitat Valenciana ha aprobado este martes una batería de nombramientos estratégicos y acuerdos económicos de gran calado, que abarcan desde la reorganización interna del Gobierno valenciano hasta inversiones millonarias en vivienda pública, sanidad, residencias de mayores, infraestructuras, educación, cultura, turismo e industria. Así lo ha detallado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno.

Entre los principales cambios en la estructura del Consell, destaca el cese de Pablo Broseta y el nombramiento de la excosellera de Hacienda, Ruth Merino, como secretaria autonómica de la Generalitat en la Unión Europea para reforzar la acción institucional vinculada a la captación y gestión de fondos europeos, una competencia que pasa a integrarse en la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia. El objetivo, según ha explicado Barrachina, es intensificar la proyección internacional de la Comunitat Valenciana y maximizar la llegada de recursos comunitarios.

En el ámbito de Presidencia y Transparencia, el Consell ha aprobado también el relevo en la Dirección General de Relaciones con Les Corts, que pasa a asumir Juan Martínez Otero, mientras que Jorge Bellber ocupará la Dirección General de Transparencia. Además, José Salvador Tárrega ha sido designado director general de Participación.

Refuerzo en Medio Ambiente, Agua y Agricultura

En la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras, Sabina Goretti Galindo ha sido nombrada secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio, tras una etapa al frente de la Dirección General del Agua marcada por un fuerte incremento presupuestario. Su relevo lo asume Lourdes Pérez Berna, ingeniera técnico-agrícola con amplia experiencia en regadíos y en proyectos hidráulicos estratégicos, que pasa a dirigir esta área clave para el sector agrario valenciano.

Vivienda pública: 110 nuevas VPO y más de 4.500 actuaciones en marcha

Uno de los anuncios con mayor impacto social ha sido la aprobación de la enajenación por permuta de tres parcelas en Sant Joan d’Alacant, propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, que permitirá la construcción de hasta 110 viviendas de protección pública. Con esta operación, el Consell supera ya las 4.500 actuaciones en vivienda pública, dentro del objetivo de activar 10.000 viviendas durante la legislatura con el Plan Vive.

Barrachina ha subrayado que este avance supone revertir una situación de ausencia casi total de promoción pública en los años anteriores y contribuir a aliviar la falta de oferta residencial que afecta a la Comunitat Valenciana.

Infraestructuras, sanidad e investigación

En materia de infraestructuras, el Consell ha aprobado una adenda al convenio con el Ministerio de Transportes, que amplía hasta 2029 el plazo de ejecución de las actuaciones previstas y eleva la aportación de la Generalitat hasta más de 40,5 millones de euros, dentro de un marco de inversión estatal que puede alcanzar los 200 millones.

En el ámbito sanitario, se ha dado luz verde a un convenio con la Universidad Miguel Hernández para impulsar la investigación en salud mental, una de las prioridades del Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones 2024-2027. Además, la Comunitat Valenciana ha autorizado su candidatura para albergar el consorcio estatal de terapias avanzadas, con el Hospital La Fe y su instituto de investigación como sede física, reforzando su papel como referente nacional en medicina personalizada.

Residencias de mayores: contratos regularizados y subida del 50 % en las aportaciones

Uno de los acuerdos más relevantes ha sido la autorización para contratar el servicio integral de ocho residencias y centros de día públicos en municipios como Torrent, Chiva, Manises, Buñol, Segorbe, Tuéjar, Chelva y Benaguasil. El contrato cuenta con un presupuesto inicial de 86,5 millones de euros, que puede alcanzar los 138 millones en tres años.

Esta medida permitirá regularizar contratos que llevaban años caducados y aumentar de forma notable la financiación por plaza, con subidas que rondan el 50 %, mejorando salarios, servicios y la calidad asistencial para las personas mayores.

Educación, cultura, turismo e industria

En educación, el Consell ha aprobado convenios con las diputaciones de Valencia y Alicante y con el Ayuntamiento de Valencia para el mantenimiento de centros educativos públicos, con una inversión global superior a los 4,3 millones de euros. También se ha avalado un acuerdo entre el Institut Valencià de Cultura y la Fundación Cultura Media para impulsar la internacionalización del sector audiovisual valenciano.

En turismo, se ha autorizado un convenio entre Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Cullera para acciones de promoción, incluida la financiación del festival Ópera a la Mar, con una aportación de 72.000 euros.

En el ámbito industrial, el Consell ha reajustado el calendario de ayudas al plan de inversiones de Stadler en la Comunitat Valenciana, con una subvención total de 45,1 millones de euros hasta 2033, destinada a mejorar la eficiencia energética, el diseño industrial y el empleo en la planta de Albuixech.

Por último, el Consell ha ampliado hasta el 28 de febrero de 2026 el plazo para tramitar la baja definitiva de vehículos siniestrados por la dana, facilitando el acceso a las ayudas a familias cuyos coches no han podido ser localizados. Además, se ha dado cuenta del decreto para reforzar las medidas de bioseguridad frente a la peste porcina, con ayudas específicas para el sector ganadero.

En total, el pleno ha abordado 62 puntos del orden del día, que reflejan, según Barrachina, una acción de gobierno centrada en la inversión pública, la reordenación administrativa y el refuerzo de los servicios esenciales.

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