Antifraude abre una investigación por "fraude y corrupción" en el ascenso del subdelegado del Gobierno de Valencia

El nombramiento del subdelegado del Gobierno de Valencia, José Rodríguez Jurado, se encuentra bajo investigación de la Agencia Valenciana Antifraude por “indicios razonables” de posible “fraude” o “corrupción”. Además, el caso está en manos de la Fiscalía Provincial de Valencia y del Tribunal de Cuentas. Así lo constata la documentación a la que ha accedido en exclusiva ESdiario.

El 28 de junio de 2022, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, nombró a José Rodríguez Jurado como máxima autoridad del Estado en la provincia de Valencia, consciente de que ya existían dudas legales. Y es que Jurado obtuvo el puesto de funcionario del subgrupo A1 —requisito para ser subdelegado del Gobierno— de forma “irregular” a través del Ayuntamiento socialista de Canet.

Contra el proceso selectivo del que resultó beneficiado Jurado existen siete recursos, una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Valencia, múltiples informes de Antifraude y, ahora, la apertura de una investigación por presuntos delitos de “fraude” o “corrupción”.

El subdelegado del Gobierno responde negándolo todo: “noticias falsas”

ESdiario ha preguntado al subdelegado del Gobierno, José Rodríguez Jurado, por su situación. Reacciona negándolo todo. “No hay una denuncia”, ha afirmado, preguntado por la denuncia presentada ante la Fiscalía. “Ante noticias falsas no respondo”, añade.

Jurado miente, como prueba la foto situada debajo de este párrafo: el documento presentado por una plataforma ciudadana de afectados que indica “prevaricación respecto a la designación del funcionario José Rodríguez Jurado”. Preguntado por los múltiples informes de Antifraude, les resta importancia alegando que son solo “un criterio”.

La apertura de la investigación por Antifraude

Antifraude reitera que la legislación vigente no “permite” la promoción interna vertical per saltum, es decir, directamente del subgrupo C1 al subgrupo A1. Recuerda que existen siete recursos contra esa oposición y que ya en su día instó al Ayuntamiento de Canet a revisar el proceso. Como adelantó ESdiario, el alcalde “discrepa jurídicamente”, defendiendo que ese salto es legal.

Sin embargo, la resolución de apertura de investigación consultada por ESdiario es contundente y califica los hechos de “fraude”. La Agencia subraya que el alcalde, “del mismo partido”, ha “favorecido” a Rodríguez Jurado, a sabiendas y contrariando la legalidad vigente. “Gracias a la designación como funcionario del grupo A1, el denunciado Sr. Rodríguez Jurado —tan solo unos meses antes— pudo ser nombrado subdelegado del Gobierno de Valencia, cargo que actualmente ocupa”, recalca el citado informe de apertura de investigación. Antifraude extrae que con el favorecimiento del alcalde Pere Antoni Chordà (PSOE) y la delegada Pilar Bernabé (PSOE) se aprecia un "patrón" por la "relación política": "el favorecimiento contrario a los principios de imparcialidad y méritos". 

Por ello, asevera que “se ha generado un perjuicio económico adicional y un quebranto institucional de mayor alcance, al ocupar un puesto de alta representación estatal una persona que, jurídicamente, no cumplía los requisitos de acceso”. Añade que “es una irregularidad determinante la inacción del Ayuntamiento de Canet” al negarse, “de forma reiterada y explícita”, a anular la candidatura del subdelegado del Gobierno. Y prosigue: “por tanto, han incumplido de manera abierta, grosera, persistente y consciente el requerimiento legítimo de la Agencia Valenciana Antifraude, entidad pública con competencia legal para ello”. Señala, asimismo, al secretario del Ayuntamiento por su “omisión consciente ante una situación ilegal”.

Por todo ello, rechaza la petición del Ayuntamiento de Canet para la revocación de las resoluciones que ha ido emitiendo en los últimos meses. Al contrario, sostiene que existen “indicios razonables” de lo que califica como “fraude” o “corrupción” en el proceso selectivo. “Puede haberse producido un supuesto de fraude o corrupción en un caso de gestión de recursos humanos en las administraciones públicas”, apunta. Por ello, resuelve “iniciar un expediente de investigación para la determinación de la existencia de presuntas irregularidades”.