fINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Sindicatos y empresarios afirman que la reforma de la financiación del Gobierno no acaba con la infrafinanciación valenciana
UGT-PV, CCOO PV y la CEV ven avances en el nuevo modelo del Gobierno, que podría aportar hasta 3.669 millones más a la Comunitat Valenciana, pero reclaman un fondo transitorio y la condonación de la deuda histórica.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero
La propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentada por el Gobierno ha sido recibida con cautela optimista por los principales agentes sociales de la Comunitat Valenciana. UGT-PV, CCOO PV y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) valoran de forma positiva que, por fin, se ponga sobre la mesa un cambio de modelo, pero advierten de que el planteamiento actual no garantiza una solución definitiva a la histórica infrafinanciación valenciana.
Según las estimaciones del propio Ministerio de Hacienda, la Comunitat Valenciana podría contar en 2027 con unos 3.669 millones de euros adicionales respecto a lo que habría percibido con el sistema vigente, tomando como referencia la liquidación de 2023. Un incremento de recursos que, de materializarse, permitiría reforzar el estado del bienestar, mejorar los servicios públicos y dar mayor respaldo al tejido productivo valenciano.
Sin embargo, sindicatos y empresarios coinciden en que el nuevo modelo aún necesita ajustes clave para cumplir con los principios de equidad y justicia territorial. En esa línea, asumen las conclusiones de la Comisión de Expertos y ponen el foco en dos reclamaciones prioritarias que consideran irrenunciables en la negociación.
La primera pasa por la creación inmediata de un Fondo de Nivelación Transitorio que compense a las comunidades autónomas infrafinanciadas mientras no entre en vigor el nuevo sistema. A su juicio, retrasar esta medida supondría prolongar una situación de desigualdad que la Comunitat Valenciana arrastra desde hace años.
La segunda exigencia es abordar de forma decidida el saneamiento de la deuda autonómica, con la condonación de una parte significativa de la deuda histórica generada precisamente por la infrafinanciación. De lo contrario, alertan, una parte sustancial de los nuevos recursos acabaría destinada al pago de intereses, en lugar de invertirse en servicios públicos o en impulsar la economía.
Ante la magnitud del debate, UGT-PV, CCOO PV y la CEV hacen un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que abandonen posiciones maximalistas y apuesten por una política útil y responsable, que priorice el interés general y el bienestar de la ciudadanía frente al enfrentamiento partidista.
Los agentes sociales confían en que el debate parlamentario y el diálogo entre comunidades autónomas permitan mejorar la propuesta inicial y alcanzar consensos amplios basados en la solidaridad interterritorial. En el caso de la Comunitat Valenciana, subrayan que cualquier reforma debe partir del reconocimiento explícito de su infrafinanciación estructural, ampliamente documentada por datos e informes técnicos.
Advierten, además, de que un modelo que no garantice desde su entrada en vigor una financiación situada al menos en la media por habitante ajustado consolidaría desigualdades que afectan de lleno a la competitividad económica, la cohesión social y la calidad de los servicios públicos en la Comunitat Valenciana.