Valencia se queda sin pescado fresco a partir del lunes: los pescadores, hartos de Bruselas

A partir de este lunes 19 de enero, Valencia se quedará sin pescado fresco. No por falta de producto, sino por exceso de burocracia. Las cofradías de pescadores de la Comunitat Valenciana, como las del resto de España, amarrarán sus barcos y cerrarán las lonjas en protesta por lo que consideran una nueva vuelta de tuerca de la Unión Europea contra el sector primario, diseñada desde los despachos de Bruselas y completamente ajena a la realidad del mar.

El paro de los pescadores, que se suma a una movilización a nivel nacional, dejará vacíos los mercados de pescado fresco y afectará directamente a consumidores, hostelería y comercio local. La duración de la protesta dependerá del resultado de una reunión prevista en Madrid entre el Ministerio de Agricultura y los representantes del sector, aunque el malestar es tan profundo que nadie se atreve a poner fecha al regreso a la normalidad.

La gota que ha colmado el vaso llega desde la Comisión Europea. Bruselas exige ahora que los pescadores pesen y notifiquen todas las especies capturadas durante la jornada antes de llegar a puerto, utilizando el llamado diario electrónico de a bordo (DEA). Un requisito que, sobre el papel, puede sonar razonable, pero que en la práctica resulta inviable en alta mar. El incumplimiento, incluso por diferencias mínimas inevitables, puede acarrear sanciones millonarias, incluyendo la devolución de todas las subvenciones recibidas en los últimos años. Una espada de Damocles que ha terminado por hacer estallar la paciencia de un sector ya exhausto.

“Son normas pensadas sin atender a la realidad diaria de la pesca artesanal y costera”, denuncian las cofradías de pescadores. La obligación de declarar cada especie desde el primer kilo y el rígido preaviso de llegada exigen una precisión imposible en un entorno cambiante como el mar. No se pesca con una báscula de laboratorio, recuerdan los profesionales. Cuando no son los cupos, cada vez más exiguos, son normativas absurdas redactadas por burócratas que jamás han pisado una cubierta, pero que deciden desde cientos de kilómetros cómo debe trabajar quien se gana la vida faenando. Las cofradías de la Marina Alta, entre otras, ya han expresado su indignación por un reglamento aprobado en 2023 que se está implantando de forma progresiva, pero sin diálogo real con el sector.

Todo ello, además, pese a que el propio Ministerio de Agricultura reconoció hace apenas unos meses el esfuerzo del sector mediterráneo. En julio de 2025, el BOE publicó la asignación de 2.201 días adicionales de pesca para la flota de arrastre del Mediterráneo, un 80 % más que en 2024 y un 60 % más de buques beneficiados. Un gesto que se vendió como prueba del compromiso con una pesca más sostenible y respetuosa con el medio marino. Pero de poco sirven los días extra si al mismo tiempo se imponen controles imposibles y amenazas de sanción que convierten cada jornada en una ruleta rusa administrativa. El resultado es claro: barcos parados, lonjas cerradas y pecado fresco ausente de los mercados. Otra victoria de la burocracia europea, otra derrota para el sector primario y para el consumidor, que volverá a pagar en su bolsillo decisiones tomadas muy lejos del mar… y aún más lejos del sentido común.