Otro testigo del Cecopi declara que la CHJ no informó del "tsnunami" en la dana

La declaración de Alberto Martín Moratilla, exdirector general de Emergencias en el juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la que fallecieron 230 personas ha desechado la idea de que hubiera un bloqueo político en el CECOPI y reafirma la tesis de la falta de información sobre la crecida de los barrancos. 

Martín ha sido contundente al asegurar que la consellera Salomé Pradas “no se opuso en ningún caso” al envío del Es-Alert, y ha insistido en que la actuación de la responsable política fue la de solicitar información constante y validar las propuestas técnicas que se ponían sobre la mesa en el CECOPI. 

El exalto cargo de la Generalitat ha recordado una llamada de Pradas en torno a las 20:00 horas, tras otra conversación “muy nerviosa”, en la que se trasladaba una preocupación extrema por la presa de Forata. Según Martín, el mensaje que se transmitía era que “en cualquier momento podía reventar”, incrementando la urgencia de las decisiones que se estaban adoptando en ese momento. 

Como el resto de testigos que han pasado por sede judicial, Martín ha negado de forma tajante que en el CECOPI se hablara del barranco del Poyo, del correo de la CHJ enviado a las 18:43 horas, o de la retirada de los bomberos forestales de esa zona. “Nunca se habló de eso. Me enteré días después”, ha afirmado. 

Preguntado sobre quién propone y decide las actuaciones en una emergencia, Martín ha defendido que las medidas las plantean siempre los técnicos que disponen de los datos, y que las decisiones se adoptan conforme a esos criterios. A la pregunta de si había visto a algún responsable político decidir en contra de lo recomendado por los técnicos, ha respondido de forma clara: “No”.

Martín ha reafirmado uno de los puntos más sensibles de su declaración: que desde la Confederación Hidrográfica del Júcar se advirtió expresamente del riesgo de rotura de la presa de Forata y este era, por tanto, el único riesgo existente con la información proporcionada por la CHJ, evidenciando el desconocimiento existente que tenían las autoridades de la riada que venía. Aunque no ha podido precisar si fue Miguel Polo u otro técnico quien lo dijo, ha insistido en que el mensaje fue inequívoco: “Se nos dijo que si se mantenía la situación, primero en tres horas y luego en dos, se podía pasar a escenario 3; que el agua podía rebasar sin control, afectar a la cimentación y que eso podría provocar la rotura. Y que no podían asegurar la estabilidad de la presa”.

El exdirector general también ha negado que existiera ningún retraso político frente a las propuestas técnicas: “Allí nadie retrasó nada. Fueron las circunstancias, la presión del momento. Nadie retrasó nada”. “Con otra información, las decisiones habrían sido distintas”. 

En este sentido, Martín ha reconocido que si se hubiera conocido en tiempo real que no había bomberos forestales en el Poyo y el contenido del correo de la CHJ de las 18:43 horas, las consecuencias podrían haber sido menores. “Por supuesto. Si hubiéramos tenido información de que venía un tsunami de la montaña que iba a arrasar los pueblos, se habrían tomado medidas de todo tipo sin dudarlo”. 

La causa judicial continuará con más diligencias y testificales previstas, mientras el juzgado sigue recabando indicios de delito no solo contra los investigados Salomé Pradas o Emilio Argúeso, sino también contra el expresidente, Carlos Mazón.