Familiares de víctimas de la dana se hartan de que la jueza no investigue al Gobierno de Sánchez y convocan una protesta

Las asociaciones Unión del Pueblo 29 y Solo el Pueblo Salva al Pueblo, que agrupan a familiares de víctimas mortales y afectados por la dana del 29 de octubre de 2024, han hecho público un duro manifiesto en el que denuncian que la investigación judicial “se ha revelado como un instrumento politizado” que, según sostienen, busca evitar que se depuren responsabilidades por la catástrofe.

“Tras 16 meses de lucha en las calles y los tribunales”, los colectivos aseguran que el proceso judicial abierto en los juzgados de Catarroja instruido por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra pretende “dejar sin investigar lo sucedido ni castigar a los culpables” dentro de la administración pública. 

Cabe recordar que la jueza de Catarroja ha rechazado todas las peticiones de imputación a los cargos del Gobierno central. Se ha negado investigar las posibles consecuencias penales por la no ejecución de las obras en los barrancos que estaban previstas y que, según diversos estudios, podrían haber salvado vidas. También ha descartado investigar la gestión de la emergencia los días posteriores a la riada. En su lugar, la instrucción se ha centrado exclusivamente en investigar la demora en el envío del mensaje de alerta a la población, ES-Alert, atribuyendo los homidios de las 230 personas fallecidas a la presunta negligencia de los dos altos cargos de la Consellería de Emergencias. 

Ante esta instrucción que le ha costado a la jueza dos querellas por presunta prevaricación y diversas quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la consiguiente actual apertura de diligencias, los dos colectivios de familiares de víctimas y afectados alzan la voz. 

En su comunicado, las asociaciones afirman haber demostrado que la judicialización del caso “responde a un pacto político” que podría derivar en la impunidad de distintos niveles de responsabilidad institucional. Entre los señalados mencionan al president de la Generalitat, Carlos Mazón, así como a organismos como la "Confederación Hidrográfica del Júcar, administraciones municipales, "la Delegación del Gobierno" y el "Gobiernl de España". La dana, recuerdan, dejó un balance de 230 fallecidos y más de 500.000 personas afectadas, muchas de ellas sin acceso a servicios básicos "durante semanas".

Además, denuncian “irregularidades y delitos” por parte de la jueza instructora, acusación que califican como uno de los motivos principales para intensificar sus acciones públicas. Según el manifiesto, estas actuaciones contribuirían a un intento de “silenciar mediática y judicialmente” lo ocurrido.

Como respuesta, ambas organizaciones han convocado una manifestación el próximo 29 de marzo a las 12:00 horas frente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.  El objetivo de la próxima concentración es “exigir verdad y justicia” y reclamar que se investiguen “todos los errores y maldades que provocaron la catástrofe”. 

Durante la concentración, "más de diez familias de víctimas" intervendrán públicamente, junto a sus representantes legales, quienes expondrán "la verdad". 

La movilización se articula bajo el lema: “¡Que caigan todos!”, una consigna que sintetiza su exigencia de responsabilidades políticas y judiciales. El manifiesto concluye con un llamamiento a la unidad ciudadana: “Todos juntos, por la verdad y justicia”, en lo que se perfila como una de las concentraciones más significativas desde la tragedia.