La Audiencia de Valencia reabre el caso de José María Ángel y ordena investigar su título falsificado

Lo que parecía otro episodio enterrado bajo el polvo de los despachos judiciales ha dado un giro inesperado. La Audiencia de Valencia ha decidido reabrir el caso que afecta a José María Ángel, excomisionado del Gobierno para la dana y dirigente del PSPV-PSOE, y ordena investigar el presunto título falsificado que habría sido clave en su trayectoria como funcionario. El varapalo judicial no es menor. La sección tercera de la Audiencia corrige de forma directa al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, cuyo titular había archivado el asunto al considerar que el posible delito estaba prescrito. Ahora, tres magistrados, Carmen Melero, Lamberto Rodríguez y Jesús Rojo, desmontan esa tesis y obligan a seguir adelante con la investigación tras los recursos de la Fiscalía, Diputación de Valencia y Manos Limpias.

En el centro del caso está un documento que, según las sospechas, no sería lo que aparenta: un título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía que José María Ángel habría utilizado en 1983 para acceder a un puesto en la Diputación de Valencia por encima de su categoría y cobrando un sueldo mayor que sería falso. Un acceso que, de confirmarse la falsedad, supone un delito que el anterior fue había archivado al considerarlo prescrito.

Pero lo más relevante no es solo el origen del documento, sino su uso prolongado en el tiempo. La Audiencia de Valencia apunta a una cuestión clave: el delito podría no haber prescrito si se considera que el uso del título ha tenido efectos continuados, como el mantenimiento del puesto o incluso prórrogas recientes en el servicio activo, incluyendo las de 2023 y 2024. El auto va más allá de la simple falsificación documental. Los magistrados abren la puerta a investigar posibles delitos adicionales de José María Ángel, como estafa o incluso malversación, en caso de que se demostrara que el acceso irregular al puesto público implicó el cobro indebido de salarios durante años.

Es decir, el foco ya no está solo en si el título era falso, sino en las consecuencias económicas y administrativas de haberlo utilizado. Otro de los puntos que deja en evidencia la decisión inicial del juzgado es que el archivo se produjo sin escuchar al propio investigado. Un detalle que la Audiencia de Valencia considera suficientemente grave como para tumbar el sobreseimiento y reabrir el caso de José María Ángel e investigarlo. Lo que hasta ahora parecía un asunto amortizado se convierte así en un nuevo frente incómodo para el PSPV-PSOE. Porque la reapertura no solo reactiva la vía judicial, sino que pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuántos años puede sostenerse una carrera pública sobre un documento cuya autenticidad era falsa?