Parálisis en la reconstrucción: Pueblos de la dana no han puesto en marcha "ni el 1%" de los fondos del Gobierno
El Gobierno transirió fondos millonarios a los ayuntamientos afectados y se ha lavado las manos abandonado a su suerte a los municipios que no tienen capacidad de ejecutarlo, denuncian la excesiva burocracia y el temor al pago de los intereses

Garaje de Catarroja en una imagen de archivo tras las labores de limpieza
El Gobierno central no está ejecutando a ritmo ni acompañando a los ayuntamientos en la ejecución de los fondos para la reconstrucción de la dana. El Ejecutivo de Pedro Sánchez -que solo ha puesto en marcha la mitad de su presupuesto dana- transfirió 1.745 millones de euros a 78 ayuntamientos y se lavó las manos, abandonando a su suerte a las administraciones más pequeñas con menor capacidad que deben apañárselas para convertir esos fondos millonarios en obras reales. Querían ayuda y se la vendieron -sí, vender con intereses- pero no les proporcionan mecanismos ni herramientas legales, ni las instrucciones ni el servicio postventa. En algunos casos, la situación es extrema: “en obra no está en marcha ni un 1%”, ha reconocido la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, evidenciando el bloqueo en la ejecución.
Detrás de esas cifras millonarias hay actuaciones de emergencia relevantes. Más de 400 ascensores aún estropeados continúan pendientes de reparación, dejando a personas mayores atrapadas en sus viviendas y con serias dificultades para salir a la calle. A ello se suma el estado del alcantarillado, colapsado por el barro tras la riada, que en algunos tramos sigue prácticamente igual que en los días posteriores al desastre. Son problemas propios a las semanas posteriores a una catástrofe, pero no. Es la realidad que sigue sin resolverse cuando ya ha pasado más de un año y medio desde la dana.
La causa de esta parálisis radica en problemas ya advertidos por los ayuntamientos desde hace meses: la falta de mano de obra y una burocracia excesiva que ralentiza cualquier actuación. Los pueblos afectados denuncian que cada obra debe pasar por un largo proceso de tramitación, pese a ser intervenciones urgentes. La escasez de técnicos municipales y la saturación administrativa están generando retrasos constantes.
En cuanto a la distribución de las ayudas, los municipios analizados concentran importantes cantidades: Paiporta ha recibido 201 millones de euros, Catarroja 138 millones, Utiel alrededor de 46 millones y Alfafar unos 35 millones. Se trata de tres municipios de la zona cero en la periferia de Valencia y uno del interior de la provincia, donde las lluvias descargaron con especial intensidad antes de transformarse en riadas.
Aunque algunas partidas están en marcha desde el punto de vista administrativo, eso no implica que las obras se estén realizando. En Alfafar, por ejemplo, el 34% corresponde a expedientes en tramitación, no a ejecución material, y la mayoría de actuaciones siguen en fases previas, según ha confirmado el periódico. La ejecución efectiva es aún más baja en otros casos. Utiel ha ejecutado en torno al 8% de los fondos, lo que supone aproximadamente 3,7 millones de euros de los 46 millones asignados, según los datos facilitados por los respectivos consistorios a ESdiario.
Pero el caso más llamativo es el de Catarroja, donde de los 138 millones transferidos, la ejecución en obra es prácticamente inexistente. “En obra no está en marcha ni un 1%”, ha reiterado su alcaldesa, Lorena Silvent. La regidora ha explicado las dificultades: “La burocracia es excesiva. Hay que pasar por proyecto. Nadie quiere asumir una obra sin proyecto.”, ha señalado en declaraciones a 99.9 Valencia Radio, donde ha advertido de que “con esto de las mascarillas, ahora, en la reconstrucción están apretando en los procedimientos y no se puede aplicar la emergencia”, en alusión al endurecimiento administrativo tras el caso de presunta corrupción del exministro José Luis Ábalos.
En conjunto, los municipios dibujan un escenario de parálisis o reconstrucción hiperrelentizada en el que, los fondos existen, pero no se traducen en soluciones reales, mientras tanto crece la preocupación por los intereses que puedan derivarse de los fondos adquiridos y que el Gobierno aún no ha aclarado.