Tribunales
El tweet de un bombero contra Gabriela Bravo que ha acabado en condena
El hombre se enfrentaba a año y medio de cárcel por injurias a la autoridad con agravante de discriminación por género, pero un acuerdo con la Fiscalía rebajó la condena a multa e indemnización, además de una orden de alejamiento de tres años
Ximo Puig y Gabriela Bravo
Un tuit de pocos caracteres le va a costar a un bombero forestal valenciano casi 4.000 euros y tres años sin poder acercarse a la exconsellera de Justicia del gobierno del Botànic, Gabriela Bravo. Los hechos se remontan a abril de 2023, cuando el hombre publicó en la red social X —entonces Twitter— un mensaje en el que insinuaba que Bravo había llegado a su cargo gracias a su relación sentimental con el ex jefe del Consell, por aquel entonces su pareja. En el texto, sin mencionar su nombre pero en respuesta directa a unas declaraciones públicas de la consellera en esa misma plataforma, el bombero cuestionaba de una manera muy desafortunada que se le exigiera mérito y capacidad a los trabajadores del sector: "No se lo tengáis en cuenta, esta señora tiene el mérito de acostarse con el jefe (peluquines) y nos exige a nosotros mérito y capacidad".
Aunque en ningún momento la nombró expresamente, el contexto era inequívoco, y la Fiscalía consideró que el comentario constituía un delito de injurias a la autoridad con agravante de discriminación por razón de género. La propia Bravo declaró haberse sentido "fuertemente menospreciada y humillada", una sensación agravada, según recoge la calificación fiscal, por la repercusión pública que tuvo el mensaje dado el cargo que ella ocupaba en ese momento.
La acusación inicial era todavía más contundente de lo que ha sido la condena: un año y tres meses de prisión. Sin embargo, el acuerdo alcanzado finalmente con el Ministerio Fiscal ha transformado esa posible pena de cárcel en una sanción económica de 900 euros por la multa, a los que se suman 3.000 euros de indemnización para la exconsellera. En total, 3.900 euros y una orden de alejamiento de tres años como consecuencia de escribir y publicar un tuit.
El caso pone sobre la mesa, una vez más, el debate sobre los límites de la libertad de expresión en las redes sociales cuando el destinatario es un cargo público, y las consecuencias legales que puede acarrear un comentario que, aunque publicado en el calor del momento, queda registrado, se difunde y puede acabar en sede judicial.