Ayuntamientos del PSOE ya aplicaban la prioridad nacional: Gandía premia la vecindad de más de 3 años

La izquierda está generadondo un debate hipócrita sobre la 'prioridad nacional' propuesta por Vox para blindar las ayudas públicas. Prueba de ello es que, lejos de ser una nueva invención de la derecha, los propios ayuntamientos gobernados por el PSOE ya aplicaban este sistema de arraigo selectivo. El ejemplo más demoledor es el de Gandía, la cuna de la ministra Diana Morant. Allí, el socialismo de Morant no ha dudado en priorizar al vecino de toda la vida y en segregar al recién llegado ya que el consistorio socialista aplica uno de los filtros de vecindad más exigentes que triplica lo contemplado en la ley autonómica, premiando con el triple de puntos a quien demuestre una antigüedad del empadronamiento superior a 3 años.

Los ayuntamientos ofrecen tres tipos de ayudas: las Prestaciones Económicas Individualizadas (PEI) para paliar situaciones de emergencia puntuales como la alimentación, ropa o la vivienda; las Ayudas de Apoyo a la Unidad de Convivencia e Infancia como los cheques escolares, comedores o teleasistencia para personas mayores; y , por último, las de carácter autonómico que solo tramitan como la Renta Valenciana de Inclusión o las ayudas a la dependencia. 

La medida de la prioridad nacional que los socialistas tachan de "xenófoba", la aplican los propios municipios socialistas mediante el requisito del arraigo para acceder a estas ayudas públicas. Incluso algunos ayuntamientos regentados por el PSOE ya redoblaban esta exigencia, con respecto a otras localidades. En Mislata, para acceder a ayudas de emergencias como a la comida, higiene y ropa, el alcalde socialista Carlos Bielsa les exige a estas personas vivir y estar empadronados al menos desde hace un año. Asimismo, Cullera impone como requisito para acceder al Bono de Ayuda Alimentaria una residencia efectiva de al menos 12 meses. El mismo tiempo que Sagunto requiere a los solicitantes para ayudas al pago de la luz o el agua. Un año también exige Burjassot para pagarle a los niños el comedor y el material escolar. Asimismo, para obtener el 'cheque bebé' en Quart de Poblet, los dos progenitores tienen que estar empadronados allí con 12 meses de anterioridad mínimo. Igualmente, Paterna no te deja optar a becas de guardería si no estás empadronado allí desde hace un año.

1 año empadronado de media para acceder una vivienda 

Fue el anterior gobierno autonómico de izquierdas de PSOE y Compromís introdujo la cuestión del arraigo para acceder a las Viviendas de Protección Oficial. El Botànic aprobó en 2021 un decreto con el que fijó la necesidad de acreditar al menos un año de residencia en la Comunitat Valenciana para la inscripción en el Registro de Demanda de Vivienda, requisito necesario para acceder a las viviendas de protección pública (VPO). Y, además, incorporó que se aportara en su defecto un informe que acredite el "arraigo social, laboral o familiar", contemplado en la Ley de Extranjería.

En Gandía, cuanto más vecino, más puntos

En el caso de acceso a las viviendas de titularidad municipal, cada ayuntamiento establece sus propios criterios. El uso de la antigüedad del empadronamiento se ha consolidado como un "filtro de arraigo" para blindar el acceso a la vivienda pública frente a solicitantes externos, priorizando de forma contundente a sus propios vecinos. Este sistema utiliza el término administrativo de "vecindad" para aplicar lo que Vox denomina "prioridad nacional". Ambos conceptos son lo mismo ya que persiguen el mismo fin: restringir el aprovechamiento de recursos locales a quienes no tengan un arraigo consolidado y beneficiar a los vecinos locales.

Como muestra el documento oficial de solicitud de vivienda del Ayuntamiento de Gandía -que es el que se encuentra actualmente en vigor y se puede consultar de forma pública en este enlace de su página web oficial- el consistorio establece una escala de puntuación por "vecindad" que premia la residencia prolongada: 10 puntos para quienes llevan entre 1 y 2 años, 20 puntos entre 2 y 3 años, y el máximo de 30 puntos para quienes superan los 3 años. En la práctica, triplica la exigencia de un año marcada por la citada ley autonómica.

Así, mientras la que fuera su alcaldesa de Gandía y ahora ministra y líder del PSPV considera que el arraigo es "discriminatorio" y "vulnera los derechos humanos y la Constitución", se da la paradójica circunstancia de que uno de los municipios más exigentes con la antigüedad del padrón y que más premia la vecindad es precisamente el Ayuntamiento de Gandía, de donde es originaria Diana Morant.