El PP carga contra el "show mediático" de PSPV y Compromís con el Consorcio Valencia 2007: "un pirómano no puede denunciar al bombero"

La polémica generada por la 'recolocación' de los trabajadores públicos del Consorcio Valencia 2007 y la posterior denuncia ante fiscalía por parte de Compromís ha llegado al pleno del mes de abril del Ayuntamiento de Valencia y ha acabado con declaraciones cruzados de unos y otros mentando hasta las 'señoritas' que enchufaban Koldo y Ábalos en Adif. Mientras que en el PP considera que socialistas y nacionalistas solo buscan generar un "show mediático" con esta polémica, problema que para los 'populares' ellos mismo crearon cuando estaban al frente del gobierno municipal, la oposición pide la cabeza de la alcaldesa, María José Catalá, y su "señor Lobo", José Marí Olano, concejal de Grandes Proyectos, por unos audios en los que, supuestamente, estaría 'arreglando' el asunto a estos trabajadores para "enchufarlos" en otros entes municipales. 

Desde el equipo de gobierno, su portavoz, Juan Carlos Caballero, situó el origen del conflicto en la etapa anterior, cuando Compromís y PSPV acordaron la liquidación del Consorcio. Según defendió, aquel proceso generó falsas expectativas entre los trabajadores al prometer una subrogación que, posteriormente, fue considerada inviable por la Abogacía del Estado. Motivo por el cual ambos partidos trajeron al pleno de septiembre de 2024 una moción para colocar con "martillo y cuña" a estos trabajadores. 

El portavoz popular acusó a la oposición de haber intentado recolocar a estos empleados “a dedo” en entidades públicas municipales, ignorando informes técnicos y advertencias legales. En este sentido, sostuvo que el actual gobierno actuó conforme a la legalidad al rechazar esas propuestas, apoyándose en los criterios de los habilitados nacionales y los servicios jurídicos.

Además, Caballero cargó contra PSPV y Compromís por acudir ahora a la Fiscalía y rasgarse las vestiduras por algo que ellos mismo intentaron hacer, calificando su actuación de estrategia política y mediática tras haber intentado impulsar, a su juicio, decisiones irregulares tras haber “generado el problema” ellos mismo. El portavoz también quiso recordar las palabras del concejal de Compromís, Ferran Puchades, en aquel famoso pleno de 2024 en la que este aseguraba que, con voluntad, en la administración española se puede hacer prácticamente de todo. 

"Esa es la forma que tienen ustedes de entender la vida administrativa española, del puticlub a Adif de la noche, nunca mejor dicho, al día. Señora Robles y señor Sanjuán, un pirómano no puede denunciar al bombero. Ustedes son los que prendieron fuego al consorcio, ustedes fueron los que, en vez de solucionar, trataron de echar más gasolina al incendio que habían creado", aseguraba el 'popular'.

Frente a estas acusaciones, la portavoz de los nacionalistas, Papi Robles, defendió que la postura de Compromís siempre fue clara: apostar por una entidad pública para La Marina y garantizar la subrogación de toda la plantilla. La portavoz nacionalista denunció que el gobierno actual actuó de forma selectiva, favoreciendo a unos trabajadores frente a otros, y dejó entrever posibles responsabilidades políticas de la alcaldesa, María José Catalá, en decisiones que ya están bajo investigación.

Robles también cuestionó la gestión interna del consistorio y apuntó a presiones sobre técnicos municipales, además de criticar lo que considera una red de decisiones opacas en la recolocación de personal.

Por su parte, el portavoz socialista, Borja Sanjuán, puso el foco en los audios que han salido a la luz de Olano y que, según afirmó, reflejan posibles irregularidades en la adjudicación de puestos públicos. Sanjuan pidió explicaciones directas al concejal implicado y criticó que el gobierno trate de desviar la atención.

El dirigente del PSPV defendió que las subrogaciones son legales cuando se ajustan a derecho, recordando precedentes en el propio Ayuntamiento sin controversia. Sin embargo, denunció que en este caso se habría actuado de forma arbitraria, dejando fuera a parte de la plantilla mientras otros trabajadores eran reubicados en organismos públicos.

Además, acusó al gobierno de haber buscado una reestructuración de La Marina que implicaba dejar sin empleo a determinados trabajadores, al tiempo que favorecía a otros.

El debate terminó con un nuevo choque frontal, en el que el PP acusó a la oposición de falta de credibilidad y de utilizar la apertura de diligencias como arma política: "si cogiéramos su criterio y lo aplicaremos al Gobierno de España, nos quedaríamos sin Ministros", aseguraba Caballero, quien, a renglón seguido, menciono a algunos de los ministros sobre los cuáles la fiscalía ha abierto diligencias.