Camarero desmonta al PSPV sobre las adjudicaciones en las VPP Les Naus: "¿Quién miente, señor Díaz?"

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, respondió punto por punto en el pleno de este jueves a las acusaciones del PSPV sobre las adjudicaciones de las VPP Les Naus de Alicante y demostró con datos que la calificación y las adjudicaciones respondieron a una normativa elaborada por Gobierno del tripartito de izquierdas. Camarero desmontó “la gran mentira del PSPV”, como la calificó, frente a las críticas del diputado socialista José Antonio Díaz, quien atribuía a los gobiernos de Carlos Mazón y Pérez Llorca una legislación que, según él, facilitaba adjudicaciones a personas afines al PP.

Para rebatirlo, la vicepresidenta exhibió un informe del secretario adjunto de la dirección territorial, nombrado durante el Botànic, que sitúa la calificación provisional en el Decreto 68-2023, es decir, bajo el anterior gobierno. “¿Verdad o mentira, señor Díaz?”, lanzó Camarero.

El documento técnico también señala que la solicitud de calificación provisional fue presentada por la cooperativa promotora ante el Servicio Territorial de Vivienda cuando el Botànic estaba al frente de la Generalitat.

Camarero subrayó que las VPP se cedieron y adjudicaron conforme al artículo 28 del decreto 68 y zanjó la cuestión con una pregunta retórica: “¿quién es el responsable de las adjudicaciones? Los señores del Botánic”. Además, recordó que la normativa del tripartito priorizaba el acceso a “las personas socias cooperativas”.

Según el informe del secretario territorial, el Decreto 68 del Botànic no regulaba expresamente el procedimiento. La vicepresidenta aludió al funcionario de la Conselleria de Vivienda, ascendido por Compromís, que visó un piso para su esposa, y aseguró que las irregularidades se destaparon gracias al trabajo del propio secretario territorial y otros funcionarios la Dirección Territorial.

Camarero defendió que el actual Consell del PP se ha limitado a revisar la documentación de los compradores sin intervenir en su elección. “Y ahí está la trampa del funcionario ascendido por el Botánic, que miente, que comete una irregularidad, una ilegalidad. Por eso está imputado, porque el visado de su esposa y de algún otro, probablemente, lo visó de forma incorrecta”.

Por último, insistió en que el decreto 68 es el que rige tanto la calificación provisional como el registro y cuestionó su eficacia: “¿Ha servido su registro para controlar? No. ¿Tenían el registro? Sí. Por lo tanto, ¿quién miente, señor Díaz? ¿Quién impuso el precio de 2.200 euros el metro cuadrado? Ahora nos echamos las manos a la cabeza por el precio de esas viviendas de lujo”, concluyó la vicepresidenta.