Las grietas del modelo valenciano

La desafección política que se extiende también en la Comunidad Valenciana no es un fenómeno exclusivamente cultural. Responde, en gran medida, a decisiones económicas concretas —y a omisiones prolongadas— que han ido configurando un modelo de crecimiento incapaz de traducirse en bienestar sostenido. La globalización ha actuado como catalizador, pero el problema es, en esencia, de política económica.

En las últimas décadas, la economía valenciana ha profundizado en su apertura exterior, apoyándose en la exportación de servicios -turismo, construcción en la costa, logística-, y una industria con dificultades para escalar en valor añadido. Sin embargo, ni los presupuestos autonómicos ni las principales leyes económicas han logrado corregir esta especialización. El actual Consell ha situado en el centro de su acción la rebaja fiscal —con medidas como la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones para determinados tramos y nuevas deducciones en el IRPF autonómico— y la simplificación administrativa a través de decretos de “libertad económica”. Sin embargo, estas iniciativas, más orientadas a la atracción de inversión a corto plazo, no han venido acompañadas de un plan industrial detallado ni de una estrategia clara de mejora de la productividad. El resultado es una política económica que actúa sobre los márgenes, pero no sobre las bases del modelo.

En paralelo, los presupuestos de la Generalitat en la actual Legislatura de Cortes Valencianas han mantenido un esfuerzo limitado en políticas de I+D+i en comparación con otras comunidades, sin alcanzar un nivel capaz de transformar el tejido productivo. La anunciada apuesta por la reindustrialización no se ha traducido, por el momento, en instrumentos concretos de gran escala, más allá de líneas de apoyo fragmentadas o incentivos dispersos. La etapa anterior tampoco ofrece un balance sustancialmente distinto. Durante los gobiernos del Botànic, se aprobaron estrategias como la Estrategia Valenciana de Innovación o planes vinculados a la transición ecológica, pero su ejecución fue irregular y su impacto, limitado. La Ley de Áreas Industriales, por ejemplo, supuso un avance en la ordenación, pero no resolvió el problema de fondo: la baja productividad estructural de buena parte del tejido empresarial.

Donde las carencias presupuestarias resultan más visibles es en el ámbito de la vivienda. La Generalitat ha impulsado medidas como el Plan Vive o distintas líneas de vivienda protegida, pero su alcance ha sido claramente insuficiente frente a la presión creciente del mercado. La combinación de expansión turística, proliferación de viviendas de uso turístico —pese a regulaciones parciales— y atracción de inversión inmobiliaria ha tensionado los precios, especialmente en Valencia, Alicante y zonas costeras. La reciente normativa para limitar apartamentos turísticos ha llegado tarde y con un impacto aún incierto, mientras que la oferta de vivienda pública sigue siendo reducida en términos comparativos. El resultado es un mercado que expulsa progresivamente a rentas medias y bajas, alimentando una percepción de deterioro que las políticas públicas no logran revertir.

La gestión de la inmigración, aunque formalmente competencia estatal, ha tenido también su reflejo autonómico en no prever su impacto en los servicios públicos y mercado laboral. Muy necesaria para la viabilidad del proceso productivo, la Generalitat no ha desarrollado instrumentos específicos para adaptar la formación profesional o las políticas activas de empleo a este cambio demográfico. Buena parte de la población inmigrante continúa concentrada en sectores de baja cualificación, reforzando un patrón de empleo precario instalada en bolsas de pobreza sin una política de integración eficiente.

En el ámbito industrial, los ejemplos de reacción tardía son igualmente elocuentes. La crisis del sector cerámico en Castellón, agravada por el coste energético, ha sido respondida con ayudas puntuales y medidas coyunturales, pero sin una estrategia integral que aborde su reposicionamiento en mercados internacionales o su transición tecnológica. Algo similar ocurre con la automoción, donde la transición hacia el vehículo eléctrico plantea incertidumbres que no han sido acompañadas de una planificación autonómica sólida. Este conjunto de decisiones —y de ausencias— dibuja un patrón reconocible: políticas fragmentadas, horizontes de corto plazo y falta de coordinación estratégica. Ni el actual Consell ni los anteriores han conseguido articular un marco estable que integre política industrial, vivienda, mercado laboral y capital humano.

El resultado es un crecimiento que no se traduce plenamente en cohesión social. Los salarios contenidos por la baja productividad relativa, la dificultad de acceso a la vivienda y la persistencia de empleos de baja calidad configuran un escenario en el que amplias capas de la población perciben que el progreso es limitado o, directamente, inaccesible. A este panorama se suma la irrupción de la inteligencia artificial y de nuevas transformaciones tecnológicas, que exigirán un esfuerzo adicional en formación, adaptación empresarial e inversión pública. Sin un cambio de enfoque, existe el riesgo de que estas innovaciones amplíen las brechas existentes en lugar de reducirlas.

En fin, no cabe ninguna duda en que la Comunidad Valenciana dispone de ventajas indiscutibles, pero su aprovechamiento exige algo más que medidas parciales o discursos genéricos. Requiere inteligencia, conocimiento y decisiones concretas, sostenidas y evaluables en el tiempo. Hasta ahora, esas decisiones siguen siendo, en gran medida, la asignatura pendiente.