Zapatero entre Caracas y Pekín

Hay expresidentes que se retiran de la primera línea y se dedican a escribir memorias, dar conferencias o cultivar una prudente discreción. José Luis Rodríguez Zapatero eligió otra vía: la del operador permanente, la del mediador omnipresente, la del personaje que aparece una y otra vez en escenarios opacos donde el poder, el dinero y la influencia se confunden con una facilidad obscena. Ahora, a la luz del auto del juez Calama y de las informaciones publicadas sobre el caso Plus Ultra, esa figura ya no parece la de un simple exdirigente con vocación internacional, sino la de un presunto nodo de intermediación política y económica en entornos tan delicados como Venezuela, China y otros países de alta opacidad.

La gravedad del asunto no está solo en la investigación por presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, ni en la citación judicial del 2 de junio, sino en el retrato que dibuja el sumario: una red con ramificaciones internacionales, operaciones de alto valor y una supuesta capacidad de acceso a esferas de poder que ningún ciudadano normal podría soñar siquiera con rozar. Cuando una investigación judicial apunta a que un expresidente puede haber servido como canal de acceso a decisiones sensibles en regímenes autoritarios, el problema deja de ser partidista y pasa a ser institucional.

Según lo publicado sobre el auto, la investigación sitúa a Zapatero en el centro de una trama vinculada a operaciones comerciales de gran escala, especialmente en torno al petróleo venezolano, el oro y relaciones con empresas chinas y estructuras en Emiratos. También se menciona una carta de intenciones enviada a la denominada “Oficina del Presidente Zapatero”, lo que refuerza la imagen de una estructura personal de influencia, con apariencia de gabinete paralelo y capacidad para abrir puertas en nombre propio. Si esos extremos se confirman, no estaríamos ante una simple mediación política, sino ante una forma de privatización de la política exterior.

En política exterior, la ambigüedad no es neutral: acaba convirtiéndose en complicidad pasiva

El dato más incómodo es que la presunta red no se movería en un vacío ideológico, sino en el ecosistema clásico de las autocracias rentables: petróleo, intermediación, contratos, comisiones, favores y acceso privilegiado a altos cargos del “chavismo”. Eso explica por qué el caso no se limita a Venezuela. China aparece como pieza relevante del engranaje, y no precisamente por filantropía o intercambio cultural, sino por su papel en operaciones donde el acceso a recursos y la validación de movimientos económicos parecen formar parte del mismo circuito.

La dimensión más corrosiva no es solo judicial, sino política. Durante años, Zapatero ha funcionado como un activo oficioso de la diplomacia española, con una presencia especialmente visible en Venezuela y una actitud siempre comprensiva con el “chavismo”. Eso ya generaba sospechas razonables sobre su papel real: ¿mediador, valedor, influente, o algo más cercano a un operador de intereses cruzados? El auto del juez Calama, siempre según las informaciones publicadas, no resuelve aún todas esas preguntas, pero les da una forma mucho más inquietante.

Lo que queda en evidencia es la debilidad de una arquitectura política que permite a un expresidente actuar durante años en una zona gris, sin controles claros y con una opacidad incompatible con el estándar mínimo de ejemplaridad. Si una figura con ese peso político aparece mencionada en una investigación sobre blanqueo, influencias y redes internacionales de negocio, la exigencia de explicaciones no es una exageración: es una obligación democrática.

El golpe también alcanza a Pedro Sánchez. No porque el presidente sea responsable penal de lo que se investiga, sino porque su Gobierno ha tolerado, cuando no arropado, una relación demasiado cómoda con la figura de Zapatero y con los márgenes de actuación que este se ha reservado como emisario informal. En política exterior, la ambigüedad no es neutral: acaba convirtiéndose en complicidad pasiva.

España no puede permitirse que su proyección internacional quede contaminada por la impresión de que ciertas puertas se abren no por razones de Estado, sino por lealtades ideológicas, viejas complicidades o circuitos de influencia difíciles de auditar. Y si la investigación termina acreditando pagos, comisiones o ventajas derivadas de esa actividad, el escándalo no será solo judicial. Será moral, político y, sobre todo, de Estado. Esto pinta muy feo.