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Correctores de la PAU amenazan con no presentarse a los tribunales y dejar a los estudiantes valencianos sin nota de acceso a la universidad

La Asamblea de Profesorado Corrector de las pruebas de acceso a la universidad en la Comunitat Valenciana advierte de un boicot en bloque el mismo día de la constitución de los tribunales y reclama a las cinco universidades públicas valencianas un respaldo institucional que, por ahora, no ha llegado.

Alumna haciendo un examen en la PAU

Alumna haciendo un examen en la PAU

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Guerra total de los profesores a la Conselleria pese al 'microacuerdo' de ayer ya que el conflicto educativo valenciano acaba de escalar a un nivel que puede afectar directamente al futuro inmediato de miles de jóvenes. La Asamblea de Profesorado Corrector de las Pruebas de la PAU, integrada por más de 250 especialistas, ha lanzado este martes una amenaza concreta y de enorme calado: no presentarse a la constitución de los tribunales de corrección, renunciar en bloque el mismo día en que está prevista esa constitución —en muchos casos fijada para el día 2— y no descarta emprender "acciones más contundentes" en relación a las calificaciones si la situación no se resuelve.

El comunicado, del que ya se han hecho eco algunas formaciones de izquierda como Compromís, no deja margen para la ambigüedad. Si el boicot se materializa, los estudiantes valencianos que se presenten a las pruebas de acceso a la universidad podrían encontrarse, en el caso de nos remplazarse a tiempo estas plazas, sin corrección, sin nota y, en consecuencia, sin plaza universitaria en los plazos previstos, lo que significaría la puntilla definitiva al curso de miles de alumnos que ya veían con preocupación quedarse sin clases las semanas previas a la prueba de acceso por la huelga del profesorado. 

La lista de reivindicaciones los correctores es la misma que llevan semanas sosteniendo los sindicatos docentes en la mesa de negociación con la Conselleria de Educación: ratios desorbitadas en las aulas —incluso en las propuestas de "mejora" que ha presentado la administración—, supresión de grupos en el Bachillerato Artístico, instalaciones sin acondicionar, tutorías no remuneradas y con menos horas, una carga burocrática que está quemando al profesorado, y lo que califican como "desprecio" hacia el valenciano y el currículo educativo.

La asamblea señala a la Conselleria como responsable del bloqueo, a la que acusa de no mostrar "una mínima flexibilidad" ante las propuestas de la mayoría del profesorado y de no demostrar "una verdadera preocupación" por las necesidades del Bachillerato, la etapa educativa directamente conectada con las pruebas que ellos mismos deben corregir.

Un llamamiento directo a las universidades

Uno de los aspectos más llamativos del comunicado es el tirón de orejas que los correctores lanzan a las cinco universidades públicas valencianas: la Universitat Jaume I, la Universitat Politècnica de València, la Universitat d'Alacant, la Universitat de València y la Universitat Miguel Hernández. La asamblea reconoce que algunos departamentos y facultades han manifestado un apoyo puntual, pero lo califica de "tibio" e "insuficiente" y exige un "verdadero respaldo institucional" que hasta ahora no ha llegado. Son, precisamente estas universidades, las que se nutren del alumnado que accede a través de la PAU, y son también las que sufrirían las consecuencias directas de un boicot en la corrección. Que las instituciones académicas hayan permanecido en un segundo plano durante semanas de conflicto es algo que los correctores no han dejado de pasar por alto.

"No queremos perjudicar al alumnado, pero..."

Pese a esta amenaza, el comunicado intenta empatizar con la situación de los estudiantes, que se encuentra en medio de un conflicto sin precedentes. "Defendemos el cariño y el respeto hacia el alumnado que se presenta a estas pruebas y en ningún caso queremos perjudicar ni el futuro de nuestro alumnado ni a las familias", afirman, pero, ese "pero" que lo cambia todo, añaden que "dadas las circunstancias y la falta de respuesta de las universidades, se ven "obligados a tomar estas medidas".

Es la paradoja más cruel del conflicto educativo valenciano: quienes más quieren proteger al alumnado son los mismos que, acorralados por la inacción de la administración, se plantean una acción que podría perjudicarle gravemente. La pelota está ahora en el tejado de la Conselleria de Carmen Ortí y de los rectores de las cinco universidades públicas. El calendario de la PAU no espera.

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