El taxi valenciano declara la guerra al decreto regulador de la Generalitat y amenaza con querellas

La Confederación del Taxi de la Comunitat Valenciana ha cargado duramente contra el decreto ley de movilidad que el Consell aprobó el pasado viernes. La patronal mayoritaria del sector califica la norma de "espuria" y "basada en mentiras", acusa directamente al vicepresidente tercero y conseller de Territorio, Vicente Martínez Mus, de haber traicionado los compromisos adquiridos con los taxistas a lo largo de todo el año y no descarta emprender acciones legales, incluyendo querellas penales y demandas patrimoniales, contra las decisiones adoptadas.

El principal motivo de discrepancias entre la administración y los taxistas viene debido a que el decreto habilita a cerca de 2.000 vehículos de transporte con conductor (VTC) de ámbito nacional para operar en zonas urbanas de cualquier municipio de la Comunitat Valenciana sin necesidad de informe local previo. Para el taxi, eso equivale a abrir la puerta de las ciudades a la competencia directa de plataformas como Uber o Cabify sin las restricciones que hasta ahora limitaban su actividad al ámbito interurbano.

La confederación no descarta convocar un referéndum entre todos los profesionales del sector para que sean ellos quienes decidan si el decreto es positivo en su conjunto y si debe convalidarse en el plazo de un mes que marca la ley.

El listado de agravios que el sector desliza en su comunicado es extenso. Denuncian que el decreto suprime la precontratación mínima de 15 minutos para las VTC —una de las principales barreras que diferenciaba a estos vehículos del taxi en calle—, que facilita la concesión de nuevas licencias de taxi por encima de la ratio de un vehículo por cada mil habitantes alegando demanda desatendida, que elimina la exclusividad territorial en zonas donde existía y que promete un estudio técnico en dos años para evaluar el impacto de las VTC urbanas: un plazo que el sector interpreta como una carta blanca provisional de duración indefinida.

"El decreto solo sirve para proteger a las plataformas y a los especuladores, legalizando el intrusismo y la selva en las zonas urbanas. Apañado va el ciudadano, que es el que pagará la factura."

Además, desde la confederación repasan una por una las promesas que aseguran haber recibido de la conselleria a lo largo de 2025: proteger el taxi como servicio público, regular las plataformas, impedir que las VTC trabajaran en zonas urbanas, aprobar un régimen sancionador "ejemplarizante" o elaborar un informe de necesidad para poder denegar nuevas autorizaciones. "Nos llegó a dar un texto", recuerdan, en alusión a un borrador que habría comprometido la limitación de las VTC al ámbito interurbano. El decreto aprobado va, en su lectura, en dirección exactamente contraria.

El sector también denuncia la opacidad del proceso: asegura que durante más de un año de negociaciones se han concedido de forma discreta centenares de licencias VTC y que hay miles más en tramitación, todas ellas pendientes de una batalla judicial que, auguran, está por llegar. "Todo lo que anuncian no se ha hablado en ninguna reunión y lo que se ha hablado no viene", concluyen, advirtiendo de que el modelo de taxista autónomo está siendo sustituido por un esquema empresarial que debilita al sector como servicio público de interés general.