La paradoja valenciana: formar talento de exportación que no vuelve

La Comunidad Valenciana invierte millones de euros en educación superior y ciencia, pero su tejido productivo no retiene a los jóvenes más cualificados. Y es que Madrid, el eje francoalemán o los hubs tecnológicos internacionales recogen el fruto de un modelo que confunde volumen con valor. Nos hemos convertido los valencianos en exportadores de fuerza de trabajo altamente cualificada financiada con recursos públicos. Se trata de un hecho alarmante.

Durante más de un siglo, la Comunidad Valenciana ha sido una máquina de exportar. Cítricos, azulejos, calzado, coches y servicios turísticos construyeron una identidad económica potente, con puertos estratégicos y corredores logísticos que la conectaron con el mundo. Pero en los últimos años, sin estruendo y con un coste social que pocos quieren asumir, el territorio valenciano ha inaugurado su exportación más paradójica: la de su propio talento cualificado.

Y es que médicos, ingenieros, biotecnólogos, diseñadores de producto y científicos de datos formados en universidades valencianas —financiadas con dinero público— terminan desplegando su productividad y pagando sus impuestos en otros territorios. No es un fenómeno anecdótico ni puede explicarse como una simple “movilidad natural” en una economía abierta. Es, más bien, la evidencia de una preocupante brecha estructural.

La contradicción es flagrante. Se financia masivamente la formación superior —grados, másteres, doctorados, infraestructuras científicas— con la promesa de movilidad social y modernización productiva, pero la ausencia de una política industrial y tecnológica coherente convierte ese esfuerzo en un subsidio indirecto a mercados laborales ajenos: Madrid, Barcelona, el eje francoalemán, Benelux, Gran Bretaña o los hubs digitales internacionales.

Las causas son conocidas, aunque rara vez se abordan con crudeza. La estructura empresarial valenciana sigue dominada por el minifundio corporativo: pymes y microempresas con escasa capitalización, productividad contenida y limitada escala para integrar perfiles avanzados. La especialización histórica —agroalimentario, cerámica, calzado, coches, turismo— ancló ventajas en costes y logística, pero no construyó, salvo excepciones, cadenas de valor intensivas en I+D.

El discurso complaciente apela a la globalización del conocimiento y al retorno difuso en forma de remesas de experiencia o eventual inversión. Pero ese retorno, cuando existe, es lento, parcial y, de nuevo, depende de que en origen haya proyectos con suficiente densidad industrial-tecnológica y financiera. Sin ese anclaje, la “circulación de cerebros” se parece más a una extracción ordenada y a un doble desajuste fiscal: pagar entre todos para que otros recojan los beneficios.

Invertir esta dinámica exige decisiones políticas con capacidad de alterar incentivos. No bastan deducciones fiscales dispersas ni campañas de marca territorial. Se requiere, al menos, una política consecuente de reindustrialización que pueda retener el talento, o acoger su regreso. Y ahí es dónde surge el problema.

La actual política industrial de la Generalitat Valenciana bajo la consellera Marián Cano parece más subordinada al turismo que a una auténtica reindustrialización, y eso se nota en el peso que siguen teniendo las medidas de promoción turística frente a una estrategia industrial poco nítida. Aunque Cano ha reivindicado la heredada “Estrategia de Reindustrialización 2024-2028”, con ejes como más suelo industrial, modernización de áreas empresariales y apoyo a la gestión avanzada de parques industriales, el discurso político sigue diluyéndose en una agenda donde el turismo ocupa demasiado espacio y la industria queda muchas veces como complemento, no como prioridad.

La diferencia con la anterior consellera, Nuria Montes, es más de acento que de ruptura; pero conviene subrayarla: Montes, en año y medio sí articuló con más claridad una hoja de ruta que combinaba reindustrialización, atracción de inversiones, apoyo a pymes industriales, innovación, emprendimiento y retención de talento, con el objetivo de elevar el peso de la industria hasta el 20% del PIB. En contraste, la etapa de Cano da la impresión de insistir más en el impulso turístico que en una política industrial ambiciosa, cuando lo que necesita la Comunidad es reforzar clústeres, empleo cualificado, colaboración con universidades y centros de investigación, y una apuesta más firme por la transformación productiva.

La Comunidad Valenciana posee importantes activos diferenciales: puertos líderes, posición logística, clústeres manufactureros con know-how, universidades con talento y una calidad de vida que, bien aprovechada, es poder de atracción. Pero sin complejidad productiva y sin empresas con cintura financiera para absorber y retener a sus mejores egresados, seguirá produciendo la más costosa de las exportaciones: jóvenes altamente cualificados que, ya no en barcos de cítricos ni camiones de baldosas, parten en vuelos low cost hacia economías que sí saben capitalizar su conocimiento.

La crítica no es al talento que se va —que hace lo racional—, sino a un modelo que confunde movimiento con progreso y volumen con valor. Si la Comunidad Valenciana quiere dejar de subvencionar la competitividad ajena, tendrá que aceptar una verdad incómoda: que cambiar la canasta exportadora exige antes cambiar la arquitectura de su economía. Y eso se hace con una política industrial seria, músculo empresarial y riesgo compartido. No con consignas.