El Consell promete ahorros de hasta 650 euros en la renta y cambia las reglas de la vivienda pública

El Gobierno valenciano ha dado este martes un nuevo paso en dos de las principales banderas políticas de la legislatura: la bajada de impuestos y el acceso a la vivienda. El Consell ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, la conocida como ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2026, que contempla una rebaja generalizada del IRPF para las rentas medias y bajas y un endurecimiento de los controles para adjudicar viviendas de protección pública.

La norma, que acompaña a unas cuentas autonómicas de 33.305 millones de euros pactadas con Vox, permitirá reducir la carga fiscal a cerca de 2,7 millones de contribuyentes valencianos, con un impacto estimado de 160 millones de euros, al tiempo que introduce nuevos mecanismos de supervisión en el acceso a las viviendas protegidas para evitar irregularidades y priorizar la vinculación con los municipios donde se desarrollen las promociones.

La principal novedad fiscal del anteproyecto es la reducción de los tipos autonómicos del IRPF en prácticamente todos los tramos de renta, salvo para los contribuyentes con ingresos superiores a los 80.000 euros anuales. El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, defendió que la reforma está diseñada para beneficiar especialmente a las clases medias, un colectivo que, a su juicio, había quedado fuera de las anteriores políticas fiscales.

Según las estimaciones de la Generalitat, una familia con ingresos de entre 20.000 y 30.000 euros podría llegar a ahorrar cerca de 600 euros anuales si aplica el conjunto de deducciones autonómicas disponibles, mientras que para rentas de entre 30.000 y 40.000 euros el ahorro podría rondar los 650 euros.

La reforma se aplicará sobre el ejercicio fiscal de 2026, cuya declaración se presentará en 2027, y se desplegará en dos fases. La primera entrará en vigor con la aprobación de esta ley de acompañamiento y la segunda se incorporará a los presupuestos del próximo ejercicio. Desde el Consell aseguran que la medida mantiene la progresividad del impuesto y permite compatibilizar la reducción fiscal con el mantenimiento de los servicios públicos. De hecho, el Ejecutivo autonómico sostiene que más de siete de cada diez beneficiarios tendrán rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.

La ley también introduce modificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones con el objetivo de favorecer la continuidad de las empresas familiares. Entre las novedades destaca la ampliación de los beneficiarios de las bonificaciones y ventajas fiscales hasta el cuarto grado de parentesco, una medida con la que la Generalitat pretende facilitar los procesos de relevo generacional y evitar dificultades en la transmisión de negocios familiares. 

Viviendas públicas 

Junto a las medidas tributarias, el texto incorpora importantes cambios en materia de vivienda. La Generalitat endurecerá los procedimientos de adjudicación de viviendas de protección pública para reforzar los controles administrativos y garantizar que los inmuebles lleguen a personas que cumplen los requisitos exigidos.

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, explicó que las promociones privadas deberán detallar desde el inicio cómo se realizará el proceso de comercialización y selección de adjudicatarios, incluyendo criterios de valoración, mecanismos de publicidad y procedimientos de inscripción. El objetivo es que todo el proceso quede documentado y sometido a supervisión administrativa desde las fases iniciales del proyecto.

Otra de las novedades más relevantes es la creación de una Comisión de Valoración en los servicios territoriales de Vivienda que asumirá funciones de control sobre las adjudicaciones. Este órgano revisará los expedientes, comprobará que los adjudicatarios cumplen los requisitos económicos y patrimoniales exigidos y supervisará los visados de los contratos de compra o alquiler.

Con ello, el visado administrativo dejará de ser un trámite básicamente formal para convertirse en una herramienta de fiscalización reforzada que exigirá una segunda revisión antes de autorizar la operación.

Desde el Consell sostienen que este sistema permitirá reducir errores, aumentar la transparencia y reforzar las garantías jurídicas de todo el procedimiento.

El "arraigo" contará para acceder a promociones construidas en suelo público

Uno de los aspectos más sensibles políticamente de la reforma afecta a las promociones desarrolladas sobre suelo público mediante fórmulas de colaboración público-privada. La nueva normativa permitirá valorar la vinculación continuada con el municipio, como el empadronamiento prolongado, a la hora de puntuar las solicitudes de acceso a viviendas protegidas.

La Generalitat defiende que se trata de una reivindicación planteada desde hace años por numerosos alcaldes y vecinos para favorecer que quienes residen habitualmente en una localidad tengan más opciones de acceder a una vivienda pública construida en ella. No obstante, el Ejecutivo valenciano insiste en que este criterio no tendrá carácter excluyente ni estará relacionado con la nacionalidad o el lugar de origen de los solicitantes, sino que actuará únicamente como un elemento adicional de valoración dentro del proceso de adjudicación.

La aprobación del anteproyecto llega apenas unas semanas después de que el Consell presentara sus Presupuestos para 2026, unas cuentas que superan los 33.300 millones de euros y que fueron posibles tras el acuerdo alcanzado con Vox.

La ley de acompañamiento se convierte ahora en una de las piezas legislativas más importantes del próximo periodo parlamentario, ya que desarrolla buena parte de las medidas fiscales, administrativas y de vivienda sobre las que se sustenta el proyecto político del Ejecutivo valenciano para el próximo año.