Susana Camarero fija la vivienda como la prioridad de la legislatura y apuesta por aumentar la oferta frente al control de precios

El impulso a la construcción de nuevas viviendas y la necesidad de movilizar los inmuebles cerrados para su alquiler o venta centraron el desayuno-coloquio organizado por ESdiario Comunidad Valenciana bajo el título “Retos y oportunidades para una política de vivienda eficaz”, que contó con la participación de la vicepresidenta primera del Consell y consellera de Vivienda, Susana Camarero y moderado por el director de este medio, Álvaro Errazu.

Asistieron e intervinieron también en el encuentro profesionales y estudiosos vinculados al sector de lavivienda:  Javier Gisbert, presidente de la Federación de Obra Pública y Auxiliares de la provincia de Alicante;  Vicente Llácer, presidente de la Asociación de Empresas Promotoras de Valencia (APROVA); Nora García, de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (ASICVAL); Fernando Cos-Gayón López, director de la Cátedra observatorio vivienda; José María Lozano, arquitecto y presidente del Consell Valencià de Cultura; José Guerola, gerente de la constructora valenciana Guerola; y José Durán, profesor de Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAV)

La vicepresidenta del Consell aseguró que la falta de soluciones habitacionales en la Comunitat Valenciana constituye actualmente la “primera preocupación” de los ciudadanos y, especialmente, de los jóvenes. Camarero señaló que desde 2019 el precio de la vivienda ha aumentado un 117 por ciento, situando el coste medio por metro cuadrado en 2.000 euros. A ello se suma el encarecimiento de los alquileres, que hace que para muchas familias “sea casi imposible” acceder a una vivienda en este régimen. Frente a esta situación, criticó que los gobiernos del Botànic se caracterizaron por “ocho años de dejadez, con cero viviendas sociales”.

Camarero subrayó que desde el primer día el Ejecutivo autonómico quiso que esta fuera “la legislatura de la vivienda”. Para ello puso en marcha el Plan Vive, con el compromiso de construir 10.000 viviendas, de las cuales ya se han ejecutado 4.800.

La dirigente valenciana arremetió también contra las políticas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, que, a su juicio, “reincide en una política fracasada basada en la ideología”, y aseguró que el Consell “no va a caer en la trampa de una estrategia que es nefasta”.

Más controles de acceso a la vivienda pública

La responsable de Vivienda reconoció que lo sucedido en las VPP Les Naus de Alicante “nos puso en alerta sobre las grietas del sistema” y explicó que ello ha derivado en una mejora de los controles de acceso. Entre las medidas adoptadas figura la modificación de la normativa mediante una ley de acompañamiento que refuerza la transparencia con un registro público de promotores a través de una web específica de la Conselleria y la creación de una comisión colegiada encargada de revisar los visados para evitar errores o corrupciones. Además, atendiendo a las peticiones de los ayuntamientos, se otorgará una mayor puntuación al arraigo de los solicitantes en el municipio.

Susana Camarero admitió que la ocupación ilegal y las inversiones que requieren muchas viviendas antiguas desincentivan que los propietarios las destinen al alquiler. Para combatir esta situación, anunció que la Generalitat, en coordinación con la Oficina Antiokupación, está concediendo ayudas que incluyen seguros para garantizar que los inmuebles no sean ocupados ilegalmente. Asimismo, se ofrecen subvenciones para la rehabilitación y adecuación de las viviendas de segunda mano con la condición de que se incorporen al mercado del alquiler.

Ayudas a los demandantes de vivienda

En cuanto a los demandantes de vivienda, la consellera avanzó un refuerzo de las ayudas destinadas a amortiguar el impacto de los elevados precios de los alquileres, de las que ya se han beneficiado 18.000 familias. Estas medidas están dirigidas especialmente a los menores de 40 años, que durante los dos últimos años han podido acceder al Bono Joven, una ayuda que cubre hasta el 100 por ciento del alquiler. Los jóvenes, insistió, son quienes afrontan mayores dificultades, por lo que el 40 por ciento de las viviendas del Plan Vive estará reservado para este colectivo. Hasta la fecha, cifró en 29.000 los jóvenes que han recibido apoyo para acceder a una vivienda.

Camarero se mostró contraria a limitar los precios del alquiler al considerar que esta medida resulta contraproducente, ya que termina afectando principalmente a las viviendas más caras mientras el segmento medio continúa encareciéndose. Como ejemplo citó el caso de Barcelona, donde, según indicó, desde la implantación de los topes al alquiler se han retirado del mercado 48.000 viviendas, lo que demuestra el “fracaso absoluto de la medida”. En contraposición, defendió políticas orientadas a “incrementar la oferta”.

Por último, calificó de “publicidad engañosa” y “mentira” el anuncio del Gobierno central de destinar 800 millones de euros a la Comunitat Valenciana en materia de vivienda. “En realidad es un plan para cinco años en el que el Gobierno aporta el 60 por ciento, mientras que el 40 por ciento restante corresponde a la Generalitat Valenciana”, afirmó. En este sentido, criticó la política de la ministra de Vivienda de “hacer anuncios y no hacer nada”  y cuya principal preocupación, sostuvo, está “en la foto”.