La prisa tardía de la consellera

En Instagram, mientras la Administración de Justicia espera, la Consellera de Justicia, Nuria Martínez, ha convertido la gestión pública en un ejercicio de prioridades intercambiables: primero la presencia mediática, después las promesas, y, únicamente cuando la presión es insoportable, la aparente diligencia. El tremendo retraso en la ejecución del Acuerdo de Legislatura -2024-2027- firmado el 12 de diciembre de 2023 entre la Conselleria de Justicia y los sindicatos (STAJ, CSIF, Intersindical, CC.OO. y UGT) que establece la mejora progresiva de las condiciones de trabajo del personal de Justicia, ratificado por el Consell en julio de 2024, no responde a un accidente administrativo; es, por el contrario, una secuencia que revela una preocupante falta de prioridad por parte de la actual Consellera.

La carta remitida por CSIF, sindicato mayoritario, no es un gesto ritual sino una llamada de emergencia. En palabras del sindicato, "la Conselleria ha incumplido los compromisos adquiridos y mantiene a las plantillas en una situación de incertidumbre y precariedad administrativa". CSIF añade que "la falta de calendario y de medidas concretas vulnera la confianza en la gestión pública y obliga al sindicato a exigir soluciones urgentes".

Es significativo que la reacción de la Consellera coincida con la publicación de dicha carta: no antes, pese a los muchísimos meses transcurridos desde el Acuerdo de Legislatura y poco más de año y medio de su toma de posesión en el cargo. Más aún, esa reacción adopta el formato de la urgencia escénica —reuniones apresuradas, comunicados a última hora y promesas de inmediatez— cuando lo que se requería era planificación, concreción y cumplimiento.

La preferencia de Martínez por la visibilidad pública no puede obviarse: su actividad en redes sociales ha sido constante. Un ejemplo ilustrativo de su estilo comunicativo para este caso sería una publicación de Instagram: selfie en despacho con el pie de foto "Trabajando por la justicia con ilusión" y un emoticono de corazón; o una story donde aplaude en un acto institucional acompañada del texto "Hoy, día intenso. Gracias a todos". Más todavía, imaginar un vídeo de 20 segundos con el saludo "Hola a todas y todos, seguimos avanzando"; eso sí, sin mención de plazos ni medidas concretas que resume el fuerte desequilibrio entre forma y fondo de su estilo.

En ese contexto, la prisa actual huele a remedio cosmético. Si los acuerdos se implementan ahora por temor al desgaste público y no por convicción administrativa, lo más probable es que las soluciones sean parciales, temporales y poco supervisadas. los titulares en prensa del pasado miércoles 17 de junio tras meses de indiferencia la explican: “Justicia ofrece subirles el sueldo a 5.500 funcionarios tras la huelga educativa”. Es el clásico, “cuando las barbas de tu vecino veas quemar, pon las tuyas a remojar”.

La Administración Pública exige responsabilidad continuada, no reacciones estacionales. La Consellera Martínez debe ofrecer más que gestos: un calendario verificable, recursos asignados y mecanismos de control que permitan a CSIF, al resto de sindicatos y a las plantillas comprobar el cumplimiento. La ciudadanía y los profesionales de la justicia merecen una gestión que priorice la eficacia sobre la apariencia. Que las redes sociales, que Instagram -al que tan aficionado es Nuria Martínez- no sustituya a la Administración Autonómica: en la mesa del despacho pesan las firmas, no los likes ni los story en Instagram.