Alfombra roja del Congreso a Pilar Bernabé para cargar contra la gestión de la Generalitat con la dana

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha sido la protagonista en una nueva sesión de la comisión de investigación de la dana que se está llevando a cabo en el Congreso de los Diputados. Aquí, en una 'cámara' amiga, pues el único grupo que le ha apretado un poco las tuercas a la socialista ha sido el 'popular', Bernabé ha cargado contra la gestión llevada a cabo aquel trágico día por el gobierno de la Generalitat, ha cargado toda la responsabilidad de la toma de decisión durante la emergencias a la exconsellera Salomé Pradas, ha acusado al expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, de "manipular" y "sustraer" información para ocultar lo ocurrido aquel fatídico día y ha acusado a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, de mentir en sede parlamentaria. 

La representante del Gobierno central sostuvo que la actuación del Consell estuvo marcada por la falta de previsión, la ausencia de coordinación y una respuesta tardía ante una emergencia que, a su juicio, requería decisiones mucho más rápidas. “Lo que pasó el 29 de octubre fue la anatomía del despropósito”, resumió durante su intervención. 

Uno de los principales reproches de la delegada del Gobierno se centró en la demora para solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Según relató, la mañana del 29 de octubre canceló un viaje institucional previsto a Córdoba y activó contactos con el Ministerio del Interior para tener preparados todos los recursos estatales. Bernabé explicó que a las 12.20 horas contactó con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, para comunicarle que la UME estaba disponible de forma inmediata. Sin embargo, considera que la Generalitat no aprovechó esa oportunidad cuando todavía había margen de actuación.

La dirigente socialista defendió que una activación temprana de esos recursos podría haber permitido ganar varias horas decisivas antes de que la situación se agravara de forma irreversible. En su opinión, cuando el Cecopi comenzó a gestionar las incidencias más graves durante la tarde, la emergencia ya se encontraba fuera de control.

Sobre una supuesta falta de información por los supuestos órganos gubernamentales aquella jornada, Bernabé sostuvo que el Gobierno de España facilitó información constante y puso todos sus medios a disposición de la dirección autonómica de la emergencia, pero denunció que la Generalitat no compartió toda la información disponible. Según afirmó, ni los registros completos de llamadas al 112 ni otros datos relevantes fueron trasladados de manera adecuada al resto de administraciones implicadas, lo que provocó una coordinación desigual en los momentos más críticos de la jornada.

La delegada también recordó que, a diferencia de otros episodios de lluvias torrenciales registrados en años anteriores, en esta ocasión no se celebró una reunión previa de coordinación entre administraciones pese a que la situación meteorológica ya generaba preocupación desde varios días antes.

Ocultación de datos 

Además, la delegada denunció ,durante su intervención, que informaciones relevantes sobre la evolución de la emergencia no fueron comunicadas durante las reuniones del Cecopi. Bernabé aseguró que con el paso de las semanas fue conociendo, a través de publicaciones periodísticas y de documentación incorporada a la investigación judicial, datos que nunca se trasladaron durante la gestión de la crisis. Entre ellos, mencionó las miles de llamadas registradas en el centro de emergencias o informaciones sobre desbordamientos que, según afirmó, ya eran conocidos por responsables de la coordinación durante la tarde del 29 de octubre.

La delegada defendió además que fue ella quien alertó de la situación en Paiporta tras hablar con la alcaldesa de la localidad y aseguró que nunca imaginó que los responsables de la emergencia no estuvieran manejando toda la información disponible sobre lo que estaba ocurriendo en las zonas más afectadas.

Considera que si el Gobierno central hubiera asumido el mando hubiera sido "peor"

Preguntada por la posibilidad de que el Gobierno de España hubiera retirado las competencias a la Generalitat para asumir directamente la gestión de la emergencia, Bernabé rechazó esa hipótesis. A su juicio, la administración autonómica era la que disponía de los medios, la información y la capacidad operativa para actuar sobre el terreno, por lo que una intervención posterior del Estado no habría cambiado el desenlace. Según sostuvo, la clave para salvar vidas no era cambiar el nivel competencial, sino alertar a la población con suficiente antelación.

"Hubiese sido peor, no me cabe la menor duda. Ya hemos visto a lo que se han dedicado todo este tiempo y ellos eran los responsables. ¿Usted se imagina que el Estado hubiera intervenido a la Generalitat Valenciana? ¿La administración que estaba en el territorio y tenía todos los efectivos del territorio a qué hubiese jugado? Hubiese sido muchísimo peor. No hubiera cambiado nada, hicimos una colaboración total", ha asegurado la responsable del Ejecutivo en la Comunitat.

Carga contra una supuesta “manipulación” de pruebas y cuestiona la reconstrucción de la Generalitat

La delegada también ha hecho referencia a la grabación manipulada de la Aemet, acusando a los responsables del gobierno de la Generalitat de haberla extraído de forma irregular, manipularla y difundirla a través de los medios de comunicación para atacar a este órgano dependiente del Gobierno. Asimismo, también cargó contra la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a quien acusó de haber faltado a la verdad en una comparecencia anterior ante la misma comisión parlamentaria.

En cuanto a la reconstrucción posterior a la catástrofe, Bernabé defendió la actuación del Gobierno central y destacó la movilización de recursos económicos y administrativos desplegada tras la riada. Según afirmó, el Estado ha comprometido más de 9.600 millones de euros para la recuperación de las zonas afectadas y el sistema asegurador ya ha abonado la inmensa mayoría de las indemnizaciones previstas.

La delegada aprovechó también para reclamar una mayor implicación económica de la Generalitat en el proceso de reconstrucción, una cuestión que volvió a situar en el centro del debate político sobre la gestión de la peor catástrofe natural registrada en la Comunitat Valenciana en las últimas décadas.