Un informe desinfla la teoría de Compromís y la "trama" de enchufes del Puerto de Valencia
El documento en manos de la Fiscalía es tajante: "No existió trato de favor ni intervención política en los procesos de selección analizados
La alcaldesa de València, María José Catalá (d), y la presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao (i), durante una reunión, a 17 de diciembre de 2025 (Archivo).
La estrategia ofensiva de Compromís en Valencia se desinfla. Tras meses en los que Compromís ha intentado hacer sangre denunciando una supuesta red de "colocaciones a medida" para extrabajadores del Consorcio Valencia 2007, un informe de la propia secretaría municipal ha desmontado la denuncia sentenciando que "no hubo ni trato de favor, ni intervención política", ni engranaje oscuro alguno.
Compromís presentó el pasado mes de febrero una denuncia ante la Fiscalía buscaba sacar rédito político de la contratación de exempleados del Puerto en el Ayuntamiento de Valencia. El caso cobró fuerza en abril cuando la Fiscalía aceptó la petición y abrió una investigación a la presidenta del Puerto, Mar Chao, y a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, para corroborar si la contratación de una persona en la fundación municipal Visit Valencia y las recolocaciones en el Puerto de Valencia eran irregulares como apuntaba Compromís.
Desde el ejecutivo local han destacado que el informe presentado a la Fiscalía, junto al criterio de la asesoría jurídica, es tajante: "No existió trato de favor ni intervención política en los procesos de selección analizados". Según el gobierno, los informes "avalan la legalidad de los procesos, descartan cualquier irregularidad sistémica y concluyen de forma expresa que no existe responsabilidad de los cargos municipales"."El Ayuntamiento ha actuado con transparencia, conforme a derecho y respetando los derechos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad", han insistido desde el consistorio, calificando de "lectura interesada y parcial" las acusaciones lanzadas por la oposición.
Cabe recordar que, el centro de la controversia que compete al Ayuntamiento de Valencia es una plaza de administrativo que, según la secretaría general, presenta una "cuestión jurídicamente discutible". El informe señala que, en el momento de la contratación, el trabajador podría haber perdido la condición de empleado público debido a un ERE en el Puerto.
Sobre este extremo, el gobierno local se escuda en la prudencia judicial: "Ese despido fue recurrido y está pendiente de sentencia firme. Si el despido se declarara nulo, sus efectos serían retroactivos y la relación laboral se consideraría no interrumpida, por lo que el contrato sería plenamente válido". Por ello, el ejecutivo subraya que "el secretario no ordena anular nada" y recomienda esperar a la justicia.
"No tenemos nada que ocultar: los procesos fueron correctos y no hay responsabilidad de ningún cargo. La única cuestión que queda abierta es estrictamente técnica y la decidirá un juez", han insistido desde el gobierno de María José Catalá.