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El PSOE estira la vía judicial al cierre del curso político con una querella contra Mazón

La pelota queda ahora en el tejado del Tribunal Supremo, quien tendrá que dirimir si aprecia un testimonio falso en la comisión de la dana del Congreso de los Diputados o si solo se trata de reproches políticos

El ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

El ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.Europa Press

Sonia García
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El PSPV-PSOE ha lanzado una ofensiva judicial contra el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón. Siete meses después de la comparecencia del expresidente valenciano en la comisión de investigación de la dana en Congreso de los Diputados, los socialistas elevan una denuncia al Tribunal Supremo por presunto "falso testimonio". 

El PSPV sostiene que el expresident faltó a la verdad en cuatro hitos de la jornada del 29 de octubre de 2024. Por un lado, Mazón afirmó no tener datos suficientes para preveer la trágica riada. Pese a que, efectivamente, las previsiones de la AEMET se quedaron ampliamente cortas y la CHJ tampoco avisó de los desbordamientos; los socialistas ponen el foco en la existencia de la alerta roja que se activó esa misma mañana a las 8:15 horas. 

Asimismo, en la querella el PSPV arguye es "falso" la afirmación de Mazón sobre que el envío del mensaje ES-Alert (20:11 h) dependía en exclusiva de los técnicos. Recuerdan que los testigos apuntaron a que esperaron la orden política de la consellera Salomé Pradas. 

Por otro lado, acusan a Mazón de "ocultar" que estuvo incomunicado parte de la tarde tras salir del restaurante El Ventorro. Y también le reprochan que declaró que supo de la existencia de fallecidos de madrugada, cuando actas notariales aportadas por Alberto Núñez Feijóo revelan que a las 23:25 h ya le había escrito admitiendo que "ya están apareciendo muertos en Utiel".

La pelota queda ahora en el tejado del Tribunal Supremo, quien tendrá que dirimir si se trata realmente de un testimonio falso o de reproches políticos aprpvechando matices e inexactituses. 

Este órgano históricamente ha mantenido un criterio sumamente restrictivo a la hora de admitir a trámite delitos de falso testimonio en las comisiones parlamentarias, pues el Alto Tribunal exige que exista una prueba documental irrefutable de que el compareciente alteró la verdad con dolo manifiesto, para evitar que se use la vía judicial en la refriega partidista.

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