La transparencia secuestrada en Sedaví

La transparencia tiene un problema: no admite imposturas. No basta con convertirla en un eslogan ni con invocarla en cada rueda de prensa. La transparencia solo existe cuando quien gobierna acepta ser controlado y facilita, con absoluta normalidad, el acceso a la información pública. Todo lo demás es propaganda.

Por eso resulta especialmente llamativo que el alcalde de Sedaví haya hecho de la transparencia uno de los pilares de su discurso político mientras, en la práctica, mantiene a la oposición sin acceso a herramientas imprescindibles para ejercer la función de control que la ley le atribuye. Porque la transparencia no consiste en construir un relato ni en cuidar la comunicación institucional; consiste en permitir que quienes deben fiscalizar la acción de gobierno puedan hacerlo con plenitud y sin obstáculos.

Como portavoz del Grupo Municipal Popular solicité formalmente acceso al Registro General Electrónico (SERES), al gestor de expedientes SEGEX y a los distintos sistemas de información municipal necesarios para desempeñar esa labor de fiscalización. No pedía ningún privilegio ni reclamaba un trato de favor. Reclamaba el ejercicio de un derecho que no pertenece a un concejal concreto, sino a la institución que representa y, en última instancia, a los vecinos de Sedaví.

La situación alcanza su máxima expresión con el sistema SEGRA, donde pueden consultarse las resoluciones dictadas por la Alcaldía. Desde hace más de siete meses los concejales de la oposición permanecemos sin acceso y, durante todo este tiempo, la explicación ha sido siempre la misma: un supuesto problema técnico que impedía habilitar los permisos.

Sin embargo, cuando una explicación se repite durante meses conviene comprobar si responde a la realidad. Por ese motivo decidí dirigirme personalmente al soporte técnico de SEDIPUALBA. La respuesta fue inequívoca: no existe ningún problema técnico que impida el acceso de los concejales. La plataforma funciona correctamente y la activación de permisos depende exclusivamente de la autorización del Ayuntamiento.

Y es precisamente ahí donde la versión sostenida durante más de siete meses deja de ser creíble. Si el propio soporte técnico confirma que el acceso depende exclusivamente de la autorización municipal, resulta imposible seguir atribuyendo esta situación a un fallo informático. El problema nunca estuvo en la plataforma; estaba en la decisión de no habilitar los accesos.

La consecuencia es evidente. Durante meses se ha intentado justificar una limitación al ejercicio de la labor de control con una explicación que el propio soporte técnico ha desmentido. El debate, por tanto, ya no es tecnológico. Es político.

Pero las dificultades no terminan ahí. Cuando excepcionalmente se permite consultar un expediente, tampoco se facilita el expediente administrativo electrónico completo. Se entrega un ordenador portátil en el que previamente se ha creado una carpeta con aquellos documentos que alguien ha decidido incorporar. El concejal no accede al expediente íntegro ni puede comprobar su trazabilidad, sino únicamente a una selección documental preparada de antemano.

Este sistema impide verificar si el expediente está completo, conocer todas las actuaciones practicadas o comprobar la existencia de informes y documentos que no hayan sido incorporados a esa carpeta. Y no se trata de una posibilidad teórica. En más de una ocasión ha sido necesario reclamar posteriormente documentación que inicialmente no había sido facilitada.

La pregunta que surge es tan sencilla como incómoda: ¿desde cuándo quien debe ser fiscalizado decide qué documentación puede examinar quien tiene la obligación de fiscalizarlo?

Porque el problema trasciende los derechos de unos concejales. Lo que está en juego es el derecho de todos los vecinos de Sedaví a que exista un control real sobre la actuación de su Ayuntamiento. Los concejales no solicitamos acceso a la información por curiosidad ni por interés personal. Lo hacemos porque la ley nos obliga a controlar cómo se gestionan los recursos públicos, cómo se tramitan los expedientes y cómo se adoptan decisiones que afectan a todos.

La información pública no pertenece al alcalde. Pertenece a los ciudadanos. Quien gobierna únicamente la administra de manera temporal y está obligado a rendir cuentas sobre su utilización. Precisamente por eso, el acceso a esa información nunca puede depender de la voluntad de quien está siendo fiscalizado, porque el control democrático no constituye una concesión del poder, sino uno de sus principales límites.

Un alcalde convencido de la solidez de su gestión facilita el acceso a la información y acepta con naturalidad el control institucional. Quien, por el contrario, convierte ese acceso en una carrera de obstáculos transmite la impresión de que considera la información pública como un patrimonio del gobierno y no como un derecho de los ciudadanos.

Durante demasiado tiempo se ha querido presentar esta situación como un simple problema informático. Hoy sabemos que no era cierto. Lo ha dicho el propio soporte técnico de la plataforma utilizada por el Ayuntamiento. Cuando la explicación oficial queda desmentida por quienes conocen el funcionamiento del sistema, el problema deja de ser técnico para convertirse en una cuestión de credibilidad política.

La transparencia deja de existir cuando el acceso a la información pública depende de la voluntad de quien debe ser fiscalizado. Porque en una democracia la oposición no pide permiso para controlar al gobierno: ejerce un derecho reconocido por la ley en representación de todos los vecinos.

Y cuando ese derecho se convierte en una autorización discrecional del alcalde, lo que deja de funcionar no es el sistema informático.

Lo que queda secuestrado es la transparencia.