María Pérez-Hickman rehúsa declarar ante la comisión de investigación de las VPP en Les Corts por su condición de investigada en la causa judicial

La exjefa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar durante su comparecencia ante la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre las VPP Les Naus, alegando que su situación procesal como investigada en una causa judicial le impide responder a las preguntas de los grupos parlamentarios sin comprometer su derecho de defensa.

María Pérez Hickman está investigada judicialmente a raíz de que dos de sus hijos y un sobrino resultaron adjudicatarios de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus de Alicante ostentando ella un alto cargo en el organigrama municipal. Dichas adjudicaciones están siendo investigadas en los tribunales por supuestas irregularidades.

Tras del turno de preguntas de los representantes de los grupos políticos, a las que no contestó, Pérez-Hickman usó los cinco minutos finales que el órgano concede a cada compereciente para leer un escrito en el que justificó las razones de su decisión. En él señaló que asitía a la comisión "en cumplimiento del requerimiento efectuado por Les Corts Valencianes y con el máximo respeto hacia esta institución y hacia las funciones constitucionales que tiene encomendadas", al tiempo que expresó su "plena disposición a colaborar con esta comisión dentro del marco que establece nuestro ordenamiento jurídico y con absoluto respeto a los principios que inspiran el Estado de derecho".

No obstante, indicó que actualmente ostenta "la condición de persona investigada en las diligencias que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante", un procedimiento que, según explicó, "guarda relación directa con los hechos sobre los que versa esta investigación parlamentaria".

En su intervención recordó que la Constitución reconoce el derecho de toda persona a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable, una garantía que calificó de "esencial del derecho de defensa", doctrina refrendada por el Tribunal Constitucional.

Pérez-Hickman sostuvo que, en estas circunstancias, "cualquier manifestación que pudiera realizar sobre los hechos sujetos de investigación podría afectar al ejercicio de mi derecho de defensa en el procedimiento judicial actualmente en tramitación y a mi posición procesal en dicho procedimiento".

Por ese motivo, anunció que se había acogido a este derecho "exclusivamente con la finalidad de preservar este derecho fundamental y no he respondido a las preguntas que se me han formulado", afirmó.

En la parte final de su declaración, Pérez-Hickman quiso dejar "constancia expresa" de que su decisión "no obedece a una falta de respeto hacia esta comisión ni a una voluntad de obstaculizar sus trabajos". "Muy al contrario, responde exclusivamente al ejercicio de un derecho fundamental, cuya protección vincula a todos los poderes públicos, incluidos los órganos parlamentarios", concluyó, antes de reiterar su respeto institucional hacia Les Corts Valencianes y agradecer la oportunidad de realizar esta manifestación.

Los cuatro portavoces parlamentarios, Miguel Pascual, de Vox; María José Calabuig, de Compromís, José Antonio Díaz, del PSPV; y Javier Gutiérrez, del PP; formularon, no obstante la batería de preguntas que llevaban preparadas encontrando el silencio como respuesta a todas ellas.