Nuria Martínez: "El recorte de refuerzos judiciales por parte del Gobierno es un daño irreparable"

La justicia atraviesa un momento delicado, de colapso y de desprestigio institucional ante los continuos ataques por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. En este contexto, la consellera de Justicia de la Generalitat Valenciana, Nuria Martínez, lleva a cabo avances autonómicos en materia de personal, infraestructuras y transparencia, pero que se ven asediados por los recortes del Gobierno central. "Es una de cal y otra de arena", ha valorado la consellera. 

P: Esta semana se ha logrado un acuerdo histórico: el aumento del complemento específico del personal de justicia. ¿Qué valoración hace y qué otras medidas están sobre la mesa?

R: La valoración es muy positiva. Hay que poner en valor el acuerdo alcanzado con los sindicatos, que supone la mayor subida en el complemento específico desde 2014. Sumando los 10 millones de euros de este año y los 5 millones del anterior, hablamos de una inyección de 15 millones para mejorar las condiciones de médicos forenses, gestores, tramitadores y auxilio judicial. Cuando existe voluntad de ceder por ambas partes, los acuerdos llegan a buen puerto. Agradezco el esfuerzo de los sindicatos, especialmente en un contexto tan complicado de infrafinanciación y tras el esfuerzo inversor que ha requerido la gestión de los daños provocados por la dana. 

Trabajamos en mejorar la estabilidad y la agilidad. Hemos estabilizado 200 plazas de refuerzo y seguimos avanzando en esa dirección. Además, hemos optimizado las bolsas de trabajo temporal, cambiando la normativa para que una baja por enfermedad o maternidad se cubra en apenas una semana, evitando que las mesas de trabajo queden paralizadas. También hemos estabilizado los Institutos de Medicina Legal de Valencia, Alicante y Castellón, creando 16 nuevos puestos de trabajo. Nuestro objetivo es una justicia más moderna y eficiente.

P: ¿Cómo está siendo la implementación de la Ley de Eficiencia y qué conflictos está generando?

R: Me cuesta llamarla ley de eficiencia; hoy, por el escenario que tenemos, prefiero hablar de 'ley de ineficiencia'. Es un texto que ha generado un caos absoluto; no hay operador jurídico —jueces, letrados, abogados o procuradores— que esté satisfecho. Transformar una estructura del siglo XIX en un plazo de un año, sin dotación presupuestaria, es inviable. 

Hemos tenido que modificar proyectos de obras ya iniciados, como en Alicante, con un sobrecoste de 14 millones de euros, o adaptar herramientas informáticas por otros 3 millones. El Gobierno central invita a la fiesta y la pagamos los valencianos.

P: Precisamente sobre el personal de justicia, el Ministerio ha denegado los refuerzos. ¿Qué justificación han recibido?

R: Ninguna justificación sólida. Nos despertamos la semana pasada con la noticia de que, de los 72 refuerzos suprimidos a nivel nacional, una cuarta parte afecta a la Comunitat Valenciana. Es un daño irreparable: 18 de nuestros 30 refuerzos actuales desaparecen. 

Esto afectará especialmente a los juzgados de cláusulas abusivas, donde el propio Consejo General del Poder Judicial estima que 5.500 asuntos quedarán paralizados este semestre. Y afecta directamente al ciudadano, que verá como cerca de 5.000 expedientes van a quedar completamente paralizados. 

Es inaceptable. He remitido una carta al ministro Bolaños que no ha contestado pidiendo que reconsideren esta medida, que ignora datos objetivos como la carga de trabajo del 303% que soporta el partido judicial de Quart de Poblet. Es una gestión sin rigor ni estudio.

P: ¿Qué planes tiene la Conselleria para las infraestructuras judiciales, con especial foco en el Tribunal de Marca en Alicante? 

R: Nuestra apuesta es total. Hemos cuadriplicado la inversión respecto al anterior gobierno del Botánico, con 131 millones de euros invertidos en esta legislatura. Tenemos hitos como la próxima finalización del TSJ o las licitaciones en Torrent y Sagunto. Respecto al Tribunal de Marcas, estamos buscando una solución técnica adecuada. 

Tras informes que desaconsejan el edificio del Puerto, exploramos opciones junto a la Ciudad de la Justicia de Alicante para garantizar que la sede reúna las condiciones técnicas y de especialización necesarias. Queremos una solución que contente a todos los operadores jurídicos.

P:  ¿Cómo valora el actual clima de desprestigio del Poder Judicial con continuos ataques desde el Gobierno central? ¿Cree que la labor de transparencia se ve perjudicada por ello?

R: La política debe de ser el instrumento para mejorar la vida de las personas. En la Conselleria, hemos logrado situar a la Comunitat Valenciana en segunda posición de España en el ranking de transparencia, con 98 puntos sobre 100. Pero es muy triste que se haya llegado a este punto de continuos ataques al Poder Judicial. La independencia judicial es un pilar de nuestra democracia y estos ataques le hacen un flaco favor. Los ataques solo llevan a que la desconfianza de la ciudadanía sea mayor. Ese no es el camino. Hay que dejar trabajar a los jueces y respetar las instituciones, que nos han dado estabilidad durante los últimos 40 años.

P: Respecto a la instrucción judicial tras la dana, ¿cree que ya está acotada en el tiempo o que se va a prorrogar?

R: Respeto plenamente la labor de cualquier juez; hablo desde mis 20 años de experiencia como abogada y mi etapa como profesora de Derecho en la Universidad. La magistrada debe realizar las pesquisas que considere necesarias, y si eso supone alargar el procedimiento, que se alargue. Mi competencia como consellera es dotarla de los mejores medios materiales y humanos. Es indignante que algunos utilicen el dolor de la gente para hacer política. Nosotros nos limitamos a garantizar que la justicia tenga los medios para que la resolución final sea la más reparadora posible para los afectados.