Barrachina pregunta qué ocurriría con cualquier valenciano que tuviera 1,3 millones sin declarar

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, se ha preguntado este viernes qué ocurriría si cualquier valenciano tuviera en su domicilio 1,3 millones de euros en joyas sin declarar y de origen desconocido. El conseller ha defendido que la Agencia Tributaria actuaría contra cualquier ciudadano que incumpliera sus obligaciones fiscales y ha asegurado que una situación de esas características obligaría a abrir una investigación para aclarar el origen de ese patrimonio.

Barrachina ha realizado estas declaraciones durante el turno de preguntas de la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntado por la situación judicial del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. "¿Qué le pasaría a cualquier valenciano o a cualquier español que tuviese en su casa 1,3 millones de euros de origen desconocido?", ha planteado el portavoz del Gobierno valenciano.

El conseller ha respondido a su propia pregunta y ha afirmado que Hacienda investigaría a cualquier contribuyente que se encontrara en esas circunstancias. "La Hacienda española actuaría contra cualquier valenciano que no cumpliese sus obligaciones fiscales", ha señalado. Además, ha insistido en que cualquier ciudadano tendría que justificar tanto la procedencia de ese patrimonio como el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Pide el mismo trato ante Hacienda

Barrachina ha reclamado además que las administraciones apliquen las mismas reglas a todos los ciudadanos, con independencia de su posición política o institucional. El portavoz ha utilizado el ejemplo de un contribuyente valenciano para cuestionar que pueda existir un trato diferente ante un posible incumplimiento tributario.

Durante su intervención, ha aludido al procedimiento judicial que afecta al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y ha insistido en que debe aclararse tanto el origen del patrimonio como el cumplimiento de las correspondientes obligaciones fiscales. A su juicio, la ley debe aplicarse con los mismos criterios a cualquier contribuyente, sin excepciones por el cargo o la relevancia pública de la persona afectada.