Cuando el cargo exige más que un post o una frase incongruente

Hay momentos en los que la política debería hacer una pausa.

Los incendios que han afectado a la Comunidad de Madrid no distinguen entre votantes de un partido u otro. El fuego no pregunta a quién votaste. Solo avanza.

Precisamente por eso sorprende que, en lugar de transmitir unidad, coordinación y serenidad, algunos responsables públicos hayan optado por el enfrentamiento político y el comentario despectivo.

Un ministro del Gobierno de España no es un usuario cualquiera de las redes sociales. No es un tertuliano. No es el portavoz de una peña de amigos.

Es un servidor público.

Y esa condición exige algo tan sencillo como difícil de encontrar últimamente: ejemplaridad. Las discrepancias políticas son legítimas. Las críticas forman parte de la democracia. El insulto institucional, no.

Porque cuando un ministro utiliza la descalificación personal como argumento, quien pierde no es únicamente el destinatario del mensaje. Pierde la institución que representa. Pierde la calidad del debate público.

Y, sobre todo, pierden los ciudadanos que esperan altura política cuando las circunstancias son especialmente delicadas. Pero el desconcierto no terminó ahí.

Mientras los incendios seguían ocupando portadas, mientras las imágenes hablaban por sí solas y el cielo de Madrid reflejaba la magnitud de la emergencia, el delegado del Gobierno respondía a la solicitud del nivel 3 de emergencia afirmando que era importante explicar adecuadamente los fundamentos de una petición de esa naturaleza.

Y uno no puede evitar hacerse una pregunta.

¿Qué explicación adicional necesitaban los ciudadanos que estaban viendo las llamas?

¿Qué informe hacía falta para comprender lo que ya estaban mostrando las cámaras de televisión?

A veces basta con levantar la vista. Asomarse a una ventana. Mirar el horizonte. Hay situaciones cuya gravedad no necesita demasiadas notas al pie. La Unidad Militar de Emergencias no pertenece a un partido político.

No pertenece al Gobierno de turno. Pertenece a España. Es un recurso del Estado creado para proteger a todos los ciudadanos cuando las circunstancias lo requieren, con independencia del color político de quien solicite su intervención.

Convertir cualquier decisión relacionada con una emergencia en motivo de sospecha política supone olvidar cuál es la verdadera finalidad de nuestras instituciones. Las administraciones no deberían competir entre sí cuando hay vidas, viviendas y montes en riesgo. Deberían cooperar.

Los ciudadanos no esperan que sus gobernantes ganen una discusión en redes sociales. Esperan que ganen tiempo al fuego. Que coordinen recursos. Que transmitan confianza. Que estén a la altura del cargo que ocupan. Porque el respeto institucional no consiste únicamente en guardar las formas.

Consiste en recordar que un cargo público no es un privilegio. Es una responsabilidad. Y esa responsabilidad comienza precisamente cuando la situación deja de ser cómoda. España necesita menos bronca.

Menos tuits impulsivos. Menos descalificaciones. Y mucha más política con mayúsculas.

Porque cuando el humo lo cubre todo, el ciudadano no pregunta quién gana el debate.

Pregunta quién está ayudando a apagar el incendio.