El desmantelamiento silencioso

Cuando el gobierno de Pedro Sánchez decidió distribuir a los menores extranjeros no acompañados acogidos en las Canarias entre las comunidades autónomas sin una partida presupuestaria específica, muchos aplaudieron el gesto de solidaridad. Sin embargo, era fácil ver venir la tormenta. No se trataba de un acto de generosidad, sino de una delegación irresponsable que trasladaba el problema a territorios ya exhaustos, sin capacidad de respuesta y, lo que es peor, sin un solo euro que acompase a esos niños que llegan huyendo de la miseria.

La Comunidad Valenciana se ha convertido en el paradigma de esa gestión negligente, obligada a reubicar recursos de otras áreas para cumplir con una obligación que el gobierno de España impone sin asumir su coste real. El resultado es un efecto dominó que afecta a servicios que nada tienen que ver con la acogida de menores migrantes pero que sufren las consecuencias de la falta de planificación y de recursos añadidos. Una situación que muy acertadamente ha denunciado en varias ocasiones la vicepresidenta de La Generalitat Susana Canarreo.

El Instituto Valenciano de la Juventud, el IVAJ, ha visto cómo parte de sus instalaciones, tradicionalmente destinadas al ocio educativo y al desarrollo de actividades juveniles, han sido reconvertidas para atender una emergencia para la que no estaban preparadas, provocando una reducción de plazas para asociaciones juveniles que ven cómo sus actividades se limitan, asistiendo a un deterioro acelerado de las instalaciones por falta de recursos para su mantenimiento.

El Campamento Juvenil "Jaume I" en Alcocebre, en Castellón, representa el epítome de esta situación. Ese emblemático lugar que durante décadas fue un referente del ocio educativo para miles de jóvenes valencianos y españoles se ha convertido en un foco de problemas sanitarios por esa limitación de recursos, por la falta de mantenimiento de sus instalaciones fijas y afectado por continuas plagas de piojos, chinches y pulgas: plagas que han derivado en infecciones, obligando a los campistas a ser atendidos en urgencias hospitalarias a pesar de la buena voluntad de los concesionarios de la instalacion.

Esto no es un caso aislado. Es la consecuencia lógica de una política que prioriza la foto de la solidaridad frente a la gestión responsable, donde el gobierno de Pedro Sánchez delega sin financiar, las comunidades asumen sin recursos, y los servicios juveniles pagan el precio de una gestión que en el mejor de los casos se puede calificar de improvisada y en el peor de deliberadamente negligente.

A pesar de no ser una instalación que acoge a menores extranjeros no acompañados, al no ser una instalación cubierta, el “Campamento Jaume I” es símbolo de lo que ocurre cuando las buenas intenciones no vienen acompañadas de los recursos necesarios, un espacio que debía ser de encuentro y desarrollo para la juventud se convierte en un foco de problemas sanitarios. Mientras tanto los jóvenes se quedan sin espacios para su ocio educativo, los campistas terminan en urgencias con picaduras infectadas, y las asociaciones juveniles ven cómo su trabajo de años se desmorona por una decisión tomada sin contar con ellas.

Porque la solidaridad no debería ser incompatible con la planificación responsable. Sin embargo, en esta ocasión la falta de previsión y de financiación ha demostrado que cuando se trata de gestionar emergencias el gobierno de Pedro Sánchez prefiere la propaganda a la eficacia, dejando que sean las comunidades autónomas y, en última instancia, los jóvenes y los menores migrantes quienes paguen las consecuencias de una política que promete mucho, financia poco y gestiona peor.

Sería interesante saber si los responsables de juventud del gobierno del PSOE-Sumar-IU han pisado alguna vez el “Campamento Jaume I”, si han visto las instalaciones fijas deterioradas, si han hablado con esos jóvenes que han tenido que ser atendidos en urgencias por picaduras infecciosas a falta de desinfección periódica mientras hablan de solidaridad. Porque el abandono del “Campamento Jaume I” es solo la punta del iceberg de una política que está desmantelando silenciosamente los servicios juveniles españoles aparentando cumplir con sus compromisos internacionales.

Mientras tanto los que sufren las consecuencias son siempre los mismos: los que menos voz tienen, los jóvenes, los menores migrantes no acompañados, las asociaciones juveniles que luchan por mantener vivo el tejido social integrador, y un campamento al pie de una de las playas más emblemáticas y visitadas de Castellón, entre Peñíscola y Oropesa, que durante años fue refugio de ilusiones y hoy es un reflejo de esa irresponsable política de La Moncloa.