¿Policía ideológica en las aulas valencianas?

Es curioso que la izquierda valenciana, liderada y espoleada por la más extrema que representa Compromís, se escandalice a toda voz calificando de policía ideológica el trabajo reglado y reglamentado de la inspección en la supervisión de la enseñanza en los centros escolares. Ellos que aplauden que hasta los mossos d’esquadra irrumpan en los colegios de los niños catalanes para comprobar qué lengua utilizan en sus juegos infantiles durante el recreo y consideran razonable la imposición de sanciones a establecimientos privados que se anuncien en castellano. El argumento complementario de “agosticidad” no deja de ser una broma, cuando durante las reuniones casi diarias en junio y julio en aras de solucionar la huelga de profesores, esa misma izquierda y sus representaciones sindicales más radicales adoptaron una postura tan hermética como negativa.

O no tan curioso si se enmarca en la larga -aunque temporalmente incierta- precampaña electoral que nos espera mientras con esa misma agosticidad el presidente del Gobierno deshoja la margarita del más que probable adelanto de las nacionales. O menos curioso todavía si se lee en clave de calentamiento del inicio del próximo curso amenazado a las claras con la segunda fase de la huelga.

De hecho, no les han dolido prendas para difundir en redes sociales mensajes que invitan a una “guerra de guerrillas” (sic) como previsible actitud negociadora. La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, no gozó de un solo día de tregua desde su nombramiento. Ella que exhibe una larga y rigurosa trayectoria profesional precisamente en el cuerpo de inspectores de educación del sistema público valenciano. Algo sabrá al respecto de su propio trabajo, de manera que no cabe despacharlo simplemente con consignas alborotadoras que evitan entrar en el detalle para situarse en el campo de la pancarta manifestante.

La utilización de la cultura, principalmente en el terreno lingüístico, como herramienta de fines puramente políticos, hace tiempo que se instaló como una tapadera que pretende ocultar intereses más prosaicos, por más que legítimos, de carácter sencillamente partidario que eluden los de rendimiento escolar y excelencia docente. O con carácter más general, indicadores de eficiencia en el manejo de la economía pública al servicio del bienestar social.

Es muy sabido que la izquierda convencional -y más aún la extrema izquierda- aparentemente desorientada por el olvido de la lucha de clases y el desuso del término proletariado, abunda en campos más ambiguos como el cambio climático y el ecologismo de salón, la oposición a la energía nuclear, el feminismo más radical y el fantasma permanente del heteropatriarcado, la respetable diversidad sexual, el animalismo llevado a la categoría humanitaria, y todo un conjunto de variables “woke” en un despertar permanente que en la práctica ha devenido en pesadilla para el común de la gente.

Su insistencia en encontrar en todas estas materias su particular zona de confort, cursa a menudo protegida por el paraguas de una pretendida categoría cultural e identitaria. Así les va, y así nos va.

Asistiremos con toda probabilidad a un debate estéril en las Cortes Valencianas en el que, liderados por el conspicuo profesor de educación física y danza. Joan Baldoví, con el acompañamiento complaciente y secundario del abogado/tertuliano portavoz socialista, José Muñoz, la minoría parlamentaria ofrecerá presuntas lecciones de rigor escolar, ajenas a la pérdida constante de posiciones en el Informe PISA de los años del Botànic, tanto en currículums científicos como de humanidades, con un discreto nivel de excelencia del 10,5% y un descenso en picado y muy preocupante en ciencias y matemáticas.

En septiembre sonará tímidamente el timbre de la vuelta a clase con incierto desarrollo y la campana de la campaña electoral con más ruido y volteo que la gótica Caterina del Micalet.