La Comunidad Valenciana amenaza con plantarse en la cumbre migratoria y exige la repatriación de los menores de Ceuta

Tensión institucional en la víspera de la reunión clave. La Generalitat Valenciana ha elevado el tono de sus exigencias ante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebra este jueves 27 de agosto. La cumbre migratoria abordará el reparto entre las comunidades autónomas de los más de 2.900 menores inmigrantes que entraron a Ceuta tras el masivo asalto a la frontera del pasado 30 de julio. 

La pretensión del Ejecutivo central de Pedro Sánchez es que las comunidades autónomas asuman la acogids de menores migrantes en sus territorios con la inyección de un crédito extraordinario de 25 millones de euros. 

Ante esta propuesta, el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha esgrimido la realidad del sistema asistencial autonómico, recordando que los centros de acogida de menores no acompañados en la Comunidad Valenciana se encuentran "desbordados, al 200% de su capacidad", impidiendo que a estos jóvenes "se les pueda atender como merecen", ha denunciado el 'president'. 

En la trastienda de este conflicto subyacen los cálculos políticos, la desigualdad entre autonomías y el enfrentamiento ideológico. Frente a las acusaciones cruzadas de "racismo" entre la Moncloa y las comunidades gobernadas por el Partido Popular, Pérez Llorca sostiene que el Gobierno de España fabrica este debate sobre em reparto de menores de Ceuta para "acusar de racista a quien no piensa como ellos". Teniendo en cuenta que el País Vasco y Cataluña ya han manifestado su negativa a acoger a más menores, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "mercadear con las personas" y ha devuelto el golpe afirmando que eso sí que es un acto de "racismo". 

La postura fijada por la Generalitat encabezada por Pérez Llorca es categórica: aboga por la repatriación. "Lo más importante es que los menores estén con sus familias", ha sentenciado el presidente autonómico valenciano. En este sentido, ha exigido al Gobierno de España que ponga en marcha los "mecanismos legales" que permitan el retorno de los menores inmigrantes a sus países de origen. 

Con este clima de confrontación, no se descarta que el conflicto termine dirimiéndose en los tribunales. Cabe recordar que la Generalitat Valenciana ya ha recurrido anteriormente diversos expedientes de traslado de menores obteniendo su anulación. Preguntado sobre la posibilidad de volver a echar mano a la vía legal, Pérez Llorca no lo descarta y lo ha supeditado al desenlace de la cumbre del jueves. Eso sí, ha calentado la mesa con una advertencia muy clara: si el País Vasco y Cataluña se cierran en banda a la acogida justificando que sus centros están llenos, la Comunidad Valenciana, que padece la misma situación, tampoco aceptará estos traslados.

Además, el presidente de la Generalitat ha recalcado que "la Unión Europea también tiene que participar" en la resolución de esta crisis. Para exigir la implicación de Bruselas, Pérez Llorca ve imprescindible contar primero con una única postura política migratoria en España, algo que es difiícil de encontrar ni si quiera dentro del propio Gobierno de Espala a tenor de los constantes bandazos que viene dando en esta crisis.