Así funcionaba la trama que financió ilegalmente la campaña electoral del PSOE en Valencia según el auto de Azud

La resolución del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia detalla minuciosamente el funcionamiento de la trama "opaca" con la que se habrían abonado facturas para sufragar los actos de campaña electoral del PSPV-PSOE en las elecciones del año 2007 con la candidatura a la alcaldía de Valencia encabezada por Carmen Alborch. 

En el bloque de cargos e intermediarios vinculados a la formación socialista procesados se encuentra Rafael Rubio Martínez, quien fuera portavoz de la oposición por el PSPV en el Ayuntamiento de Valencia entre 2003 y 2007 y nombrado posteriormente subdelegado del Gobierno en 2020, a quien la jueza atribuye presuntos delitos de "cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales". Junto a él figura José Luis Vera Llorens, abogado vinculando profesionalmente al entorno socialista y exasesor jurídico de la empresa pública Divalterra, procesado también por cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales. También Joan Navarro Martínez, exdirector de Relaciones Institucionales de la empresa pública estatal Acuamed, encausado por prevaricación y tráfico de influencias; y José María Cataluña, exresponsable de Finanzas del PSPV-PSOE, investigado por orquestar el circuito de facturación presuntamente irregular. 

La estructura funcionaba mediante favores administrativos y pagos opacos que acabarían en las camañas socialistas, según apunta el auto del denominado caso Azud. El promotor Jaime Febrer (Grupo Axis) necesitaba resolver el problema del suministro hídrico para desarrollar el PAI El Espartal de Xixona. 

El auto describe a Vera como la persona que, por su influencia y relación con el PSOE, habría servido de conexión entre Febrer/Axis y determinadas personas e instituciones. De este modo, a través de la presunta intermediación de José Luis Vera y de Joan Navarro en Acuamed, se impulsó la tramitación de un convenio de suministro de agua adaptado a las necesidades de la promotora. 

A cambio del beneficio obtenido por la tramitación de la infraestructura estatal, presuntamente se pactó un "peaje" con personas vinculadas al PSOE. Para ocultar el origen del dinero, la mercantil Gigante Edificaciones y Obras habría actuado como "sociedad pantalla", es decir,  recibiendo fondos de las empresas del entramado mediante contratos o conceptos simulados y, posteriormente, pagadas directamente con facturas emitidas por las empresas proveedoras que realizaban los trabajos electorales para el PSPV. El auto afirma que, para ocultar el origen delictivo del dinero que habría recibido, Rubio y su esposa, realizaron ingresos en efectivo en cuentas de titularidad conjunta.

La UCO sostiene que alrededor de la operación de El Espartal se habría pactado una comisión de unos 2 millones de euros. Y el auto identifica 484.480,46 euros pagados por Gigante Edificaciones y Obras SL a cinco empresas relacionadas con trabajos publicitarios o electorales del PSOE, según la jueza. Por ejemplo, Gigante pagó 33.367,08 € a Cronosport. Pero el auto señala que ese pago correspondía realmente a un pedido realizado por Contexto Moda y Comunicación, empresa que llevaba la campaña electoral del PSOE de 2007 y, concretamente, la campaña de Carmen Alborch. Concretamente para miles de chapas, globos, camisetas, caramelos o llaveros, entre otros materiales. O 87.105,70 € a Publipress en cuatro pagos que correspondían, según el auto, a la elaboración de folletos y vallas publicitarias relativas a la campaña electoral de 2007. 

Además de esta financiación indirecta, el auto atribuye regalos personales. En el caso de Rafael Rubio, describe entregas continuadas de regalos de Navidad (cajad de vino, champán y portafolios) desde 2002 por parte de Febrer para evitar el bloqueo de sus proyectos, así como 77 ingresos en efectivo entre 2007 y 2013 en cuentas compartidas con su esposa por valor de 197.256 € para ocultar su procedencia.