Valencia, última en PISA y primera en excusas

El informe PISA 2025, publicado este martes 8 de septiembre, no es solo un termómetro del fracaso educativo español; es un espejo roto en el que la Comunidad Valenciana se mira y ve, no su reflejo, sino el de una comunidad que ha decidido resignarse a ser la última de la clase. Mientras España entera llora sus peores resultados históricos —con caídas de 23 puntos en Lectura, 16 en Ciencia y 11 en Matemáticas respecto al anterior peor registro—, Valencia no solo se suma al naufragio nacional, sino que se hunde con más fuerza, más rápido y con menos excusas creíbles que nadie. Sus alumnos de 15 años están dos cursos por detrás de los de Madrid en Ciencia y Matemáticas, y ocupan el último lugar entre las autonomías comparables en las tres competencias evaluadas, solo por encima de Ceuta y Melilla, territorios con realidades socioeconómicas y demográficas radicalmente distintas. Con 450 puntos en Ciencia, 435 en Matemáticas y 424 en Lectura, la Comunidad Valenciana no está en la media del desastre: está en el sótano del desastre, y lo que es peor, sin ascensor para salir.

La brecha con Madrid es insultante: 45 puntos menos en Ciencia, 42 en Matemáticas y 47 en Lectura respecto a Asturias, la mejor en esta materia. Eso no es una diferencia estadística; es la distancia entre un alumno que termina la ESO sabiendo resolver problemas reales y otro que apenas comprende textos de 400 palabras. Y mientras la consellera y su equipo hablan de “contextos complejos”, “desafíos estructurales” y “la necesidad de contextualizar los datos”, la realidad es que Valencia repite curso en un 28,6% de su alumnado de 15 años, nueve puntos más que Madrid (19,6%), y eso no es exigencia: es fracaso acumulado, es un sistema que no detecta a tiempo las dificultades, no ofrece refuerzos eficaces y normaliza el suspenso como política implícita. La repetición no es un indicador de rigor; es la prueba de que la escuela valenciana ha dejado de ser una palanca de movilidad social para convertirse en una cinta transportadora de frustración.

Y no vale echar la culpa solo a la LOMLOE, a las pantallas o al absentismo, factores que la OCDE señala para toda España y que afectan a todas las comunidades por igual. El curso pasado, el profesorado valenciano protagonizó una larga huelga indefinida exigiendo medidas contra el deterioro de la escuela pública, un conflicto que dejó secuelas en el aula, en la continuidad pedagógica y en la moral del alumnado. Mientras, otras comunidades con contextos similares o peores —Asturias, Castilla y León, incluso Andalucía en algunos indicadores— logran resultados muy superiores. La diferencia no es el dinero: Valencia invierte mucho, con un significativo esfuerzo presupuestario, a veces más que otras autonomías con mejores resultados. La diferencia es la gestión, la exigencia, la priorización real del aprendizaje y la capacidad de transmitir a los alumnos que la escuela importa, que estudiar tiene sentido y que el esfuerzo se recompensa. Y ahí el profesorado tiene cierta responsabilidad que no quiere asumir.

En lugar de eso, la respuesta institucional ha sido la misma de siempre: “los datos hay que contextualizarlos”, “no es solo la escuela”, “el problema es nacional”. Pero el problema no es nacional: es valenciano. Porque mientras el gobierno de España se esconde tras la LOMLOE y las comunidades del norte presumen de sus modelos, Valencia se refugia en la queja y en la inacción. Mientras tanto, los alumnos pierden dos años de aprendizaje respecto a sus compañeros madrileños, y dentro de cuatro años, cuando llegue el siguiente PISA, la excusa será otra, pero el fracaso, el mismo. La educación no es un derecho abstracto: es el único ascensor social que le queda a España, y en Valencia, ese ascensor lleva años parado en el sótano, con las puertas abiertas y la luz fundida.