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Una conjetura incómoda

Hoy, la “Marcha Verde” ha mutado en presión migratoria sobre Ceuta caracterizada como una agresión a la soberanía española

El rey Mohamed VI de Marruecos

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12/6/2022 ONLY FOR USE IN SPAIN

El rey Mohamed VI de Marruecos PETRA/DPA 12/6/2022 ONLY FOR USE IN SPAINDPA vía Europa Press

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Las premoniciones a veces pueden ser muy valiosas. Hace cincuenta años, la política exterior española retrocedió en el norte de África ante los intereses de la monarquía alauí en el Sahara cuando hoy aparentemente vuelve a ocurrir en Ceuta. Entonces, el protagonista fue el Almirante Carrero Blanco y hoy es el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez: ¿hay algo de parecido entre ambas situaciones?

La estrategia del Almirante en el Sáhara -impulsar un partido saharaui proespañol, independentista pero contrario a la unión con Marruecos, para blindar el dominio español sobre los fosfatos de Bucraá- ha sido señalada por algunos historiadores como una de las hipótesis que explican su asesinato en 1973. Medio siglo después, la “Marcha Verde” de 1975, que forzó la retirada española del Sáhara, encuentra un eco inquietante en la presión migratoria instrumentada por Marruecos sobre Ceuta y en la incapacidad del gobierno de Pedro Sánchez para plantar cara a Rabat sin poner en riesgo su propia supervivencia política.

Carrero Blanco fue uno de los principales defensores de mantener el Sáhara como provincia española, argumentando que nunca había sido marroquí y que su estatus debía protegerse frente a las reclamaciones de Hassan II. Desde esa lógica, promovió la creación del Partido de Unión Nacional Saharaui (PUNS) en 1974, un proyecto tardío que buscaba canalizar un nacionalismo saharaui “compatible” con España: partidario de una independencia diferida o de una autonomía estrechamente vinculada a Madrid, y explícitamente contrario a la anexión por Marruecos.

El trasfondo era económico y geoestratégico: los yacimientos de fosfato de “Fos Bucraa”, la pesca en aguas frente a las Canarias y la posición del territorio como plataforma militar cerca del archipiélago. En los Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975, España cedió el 65% de “Fos Bucraa” a Marruecos, pero mantuvo participación en la explotación, lo que muestra hasta qué punto los intereses minerales estaban en el centro de la ecuación. Hoy bajo dominio estadounidense, y es conocida la buena relación entre los servicios de inteligencia marroquíes y norteamericanos.

Algunas lecturas han sugerido que esta línea —un Sáhara “independiente, pero proespañol”, que cerrara la puerta a Marruecos y asegurara el control de los fosfatos— pudo generar resistencias internas y externas suficientemente fuertes como para figurar entre las conjeturas que rodean al atentado contra Carrero Blanco, aunque la responsabilidad atribuida oficialmente recae en ETA.

La “Marcha Verde” de noviembre de 1975 fue una operación de Estado: más de 350.000 civiles marroquíes, escoltados por miles de soldados, avanzaron sobre el Sáhara Español en una maniobra calculada para forzar la retirada a favor de Rabat sin un conflicto abierto. El resultado fue la transferencia temporal de la administración a Marruecos y Mauritania y, poco después, la consolidación de la ocupación marroquí del territorio.

No se trata de una invasión militar clásica como en 1975, pero el patrón es similar: uso de civiles para lograr objetivos políticos y territoriales, jugando con la vida de personas vulnerables y creando crisis humanitarias y logísticas que desbordan a España

En 2021 y, de forma más aguda, en 2026, Marruecos ha vuelto a utilizar masas humanas como instrumento de presión sobre España, esta vez en Ceuta. Informes policiales describen una “estrategia de guerra híbrida” que combina presión demográfica, económica y narrativa, con migrantes empleados como “vector de fuerza” en una zona gris para amenazar la integridad territorial y forzar negociaciones sobre Ceuta y Melilla. En julio de 2026, más de 80.000 personas entraron en Ceuta en apenas 24 horas, paralizando la ciudad y evidenciando la vulnerabilidad del gobierno de Madrid ante la voluntad del de Rabat.

No se trata de una invasión militar clásica como en 1975, pero el patrón es similar: uso de civiles para lograr objetivos políticos y territoriales, jugando con la vida de personas vulnerables y creando crisis humanitarias y logísticas que desbordan a España, generando el mismo dilema que provocó la “Marcha Verde” que dos años después despejó Adolfo Suarez ante las pretensiones de Hasan II: “si tú me asaltas Melilla yo te bombardeo Rabat”.

Frente a esta presión, el gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado carecer de una política exterior en el norte de África: después del giro de 2022, en el que Sánchez avaló el plan marroquí de autonomía para el Sáhara como la solución “más seria, realista y creíble”, saltándose las resoluciones del consejo de seguridad de la ONU, se logró calmar temporalmente el chantaje migratorio, pero a costa de aceptar la narrativa de Rabat sobre el conflicto saharaui. Ese movimiento, sumado a la tremenda dependencia de Marruecos en el control de flujos migratorios, ha limitado cualquier respuesta firme ante las nuevas oleadas en Ceuta.

La paradoja es evidente: mientras Carrero Blanco intentó diseñar una solución que protegiera los intereses españoles en el Sáhara —aunque fuera desde una lógica imperial— Sánchez parece condenado a gestionar la herencia de aquella retirada sin capacidad de imponer límites a Marruecos. El resultado es una política exterior reactiva, donde la soberanía sobre Ceuta y Melilla queda a merced de la voluntad marroquí.

La hipótesis de que el proyecto de Carrero Blanco en el Sáhara —un partido saharaui proespañol que blindara los fosfatos frente a Marruecos— pudiera estar detrás de su atentado, refleja hasta qué punto los intereses estratégicos españoles han sido objeto de disputas internas y externas. Hoy, la “Marcha Verde” ha mutado en presión migratoria sobre Ceuta caracterizada como una agresión a la soberanía española, y la incapacidad de Sánchez para responder a tal desafío evidencia una continuidad dolorosa: España sigue sin tener una política exterior capaz de defender sus intereses en el norte de África sin someterse a los dictados de Rabat.

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