Asco

Esta es la triste historia del clarinete que no volvió a sonar. La primera vez que vi el cadáver de una víctima en un atentado fue el de un músico. No llevaba fusil, era clarinetista, un instrumento muy reconocible en las bandas de música valencianas. Era el 16 de enero de 1992, un día después -exactamente- de que ETA asesinara al jurista Manuel Broseta. Aquel día los pistoleros de la banda terrorista decidieron que también le tocaba turno a la banda de música: mató en Barcelona, cuando salían de su acuartelamiento de El Bruc, arriba de la Avenida Diagonal, al brigada Virgilio Mas Navarro, de Buñol, y al sargento primero Juan Antonio Querol Queralt, de Castellón. Dos etarras, Urrusolo Sistiaga y Díez Torres, los acribillaron a treinta y cuatro tiros de subfusil y pistola apenas doscientos metros después de salir del cuartel. El coche, un Ibiza blanco -no se me olvidará- sin nadie ya al volante que pudiera guiarlo, siguió circulando unos metros con sus ocupantes ya inertes hasta estrellarse. Mi compañero Juan Luis García -cámara de TV- y un servidor, circulábamos muy cerca para hacer una entrevista al entonces Príncipe de Asturias Felipe de Borbón y al regatista alicantino Quico Sánchez Luna que entrenaban en la ciudad condal preparando la competición de vela de los Juegos Olímpicos de aquel año. La entrevista quedó sin hacerse porque dimos volantazo siguiendo a unas sirenas y tuvimos el triste privilegio de ser los primeros en llegar a la triste escena. Querol llevaba a su compañero a la estación para coger el tren para ir a ver a su mujer y su hijo. Nunca llegó.

La vivencia viene a cuento porque formamos parte de una generación de periodistas que ha tenido que informar, durante muchos años, de la lacra etarra y considero que la memoria democrática tan manoseada está incompleta sin incluir a la factura etarra y por eso es justo que se celebre el Día de las víctimas del terrorismo de la Comunitat Valenciana. Treinta y cinco años después, se cumple un aniversario, el del crimen de Mutxamel, el primero que ETA firmó en la provincia de Alicante y el más sangriento de los que se perpetraron en tierras alicantinas. Un coche bomba mal aparcado, tomado por un vehículo abandonado, que estalló cuando lo remolcaban rumbo al depósito municipal. Murieron los policías locales Víctor Manuel Puertas y José Luis Jiménez Vargas, y el conductor de la grúa, Francisco Cebrián. El alcalde de Mutxamel Rafael García me lo resumió en una conversación esta semana en la cual reivindicaba la unidad que entonces respondió a la ignominia y que, habida cuenta del clima político en nuestro país, sorprende que se conserve en nuestros días.

Hagamos memoria, ya que a algunos parece que les cuesta: ETA mató a 44 valencianos en su larga trayectoria criminal, y si contamos heridos y lesionados, la cifra se dispara hasta las 190 víctimas. Detrás de cada número hay un clarinete que no volvió a sonar, un turno de grúa que no debió terminar así, una familia que lleva treinta o treinta y cinco años poniendo flores en la misma acera. Y mientras la Comunitat Valenciana hace memoria —con la meritoria insistencia de entidades como la Fundación Manuel Broseta, empeñadas en que ningún aniversario pase en silencio—, el Gobierno de España avanza en la dirección exactamente contraria. El Gobierno vasco, con la connivencia de un Ejecutivo central que necesita cada voto de Bildu y del PNV para seguir respirando en Moncloa, ha concedido el tercer grado a Henri Parot, autor de decenas de asesinatos, entre ellos la matanza de la casa cuartel de Zaragoza. Ni rastro de arrepentimiento, ni ruptura verificable con el entorno que jaleó sus crímenes. Solo un informe de la Junta de Tratamiento y una firma. Parot, como los asesinos de Mutxamel, ya están en la calle y se suman así a la larga lista de etarras que, mientras el Estado necesita sus votos indirectos, van encontrando la puerta de salida antes de tiempo. Dejó escrito Kundera que la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Aquí el poder ha elegido bando, y no es el de la memoria. Se homenajea a las víctimas un día al año y se facilita la vida a sus verdugos los trescientos sesenta y cinco restantes. Se llama política penitenciaria, dicen. Se llama factura de la investidura, decimos los demás. Así que sí, hagamos memoria. Por Virgilio y por Juan Antonio, que solo querían coger un tren. Por Víctor Manuel, José Luis y Francisco, que solo hacían su trabajo un martes cualquiera de septiembre. Y recordemos también, para que no se nos olvide nunca, quién decide hoy que sus asesinos merecen más comprensión institucional que ellos memoria.