Leyes, para qué os quiero

La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, establece como obligatorio el control poblacional de todos los gatos comunitarios y especifica que las administraciones locales son las responsables de la gestión de las colonias felinas.

Sin embargo, pasados más de 6 años de la entrada en vigor de la ley, hace un par de semanas, miles de personas voluntarias que se encargan de cuidar de los gatos comunitarios se vieron obligadas a salir a la calle en numerosas ciudades de todo el país para denunciar el incumplimiento sistemático por parte de los ayuntamientos de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales.

Una vulneración legal que tiene como base el desinterés institucional, la ausencia de respuesta ante las demandas ciudadanas, impedimentos varios, retrasos en la gestión o falta de reconocimiento de la actividad voluntaria realizada por la ciudadanía, según se desprende de una encuesta realizada en 2024 por la Dirección General de Derechos de los Animales, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Según la Ley 31/2003, de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos, estos quedan obligados a la elaboración, desarrollo y cumplimiento de programas de conservación, educación y atención veterinaria, además de cumplir medidas que garanticen que los animales satisfacen sus necesidades biológicas y dispongan de enriquecimiento ambiental y específico para cada especie, entre otros.

Sin embargo, una investigación reciente llevada a cabo por FAADA destapa que los delfinarios activos existentes en España ni contribuyen a la conservación de las especies de cetáceos que albergan ni contribuyen, en general, a la investigación de los cetáceos, además de ofrecer estos recintos espectáculos en los que los animales realizan acrobacias y muestran conductas antinaturales, siendo esto totalmente incompatible con la labor educativa y de concienciación sobre cómo son en realidad estos animales.

Por no hablar de sus condiciones de vida, en espacios superreducidos, sin apenas enriquecimiento ambiental y sin respeto a sus vínculos afectivos.

Esto no es ningún secreto. Todos los días hay espectáculos en los delfinarios de nuestro país (de hecho, son el reclamo para este lucrativo negocio de cautiverio de animales).

A pesar de ello, las autoridades no solo consienten el incumplimiento de la ley, sino que, en muchos casos, financian esta actividad, de forma directa o indirecta.

La Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia de la Comunitat Valenciana, en su artículo 70, «Protección frente a prácticas deportivas dañinas», especifica: «Las personas menores de edad no podrán participar en competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o seguridad del menor. Las personas menores de 16 años de edad no podrán asistir a estas competiciones deportivas o espectáculos».

La norma es clara. Los menores de edad no pueden participar en actos taurinos y, con menos de 16 años, no pueden siquiera ser espectadores de estos.

Sin embargo, el pasado sábado, 9 chavales, alumnos de la escuela de tauromaquia de Valencia, dependiente de la Diputación de Valencia y financiada con dinero público, participaron en Ribarroja del Turia en una de sus habituales clases prácticas, en esta ocasión, con la presencia de 5 «reses».

Es evidente que la Diputación de Valencia, con estas clases prácticas, vulnera la ley, desprotegiendo a los menores y poniendo en riesgo no solo su integridad psíquica, sino su vida.

Estos son solo 3 ejemplos de vulneración legislativa en cuestiones relacionadas con los animales.

En todos los casos, son las propias administraciones, a todos los niveles, quienes, o vulneran las leyes o muestran connivencia con quienes lo hacen.

Todos tienen un común denominador: los animales son los grandes perjudicados.

Y es que, en este país, desgraciadamente, las cuestiones legales y éticas relacionadas con los animales son consideradas todavía por la mayoría de los estamentos públicos cuestiones menores, poniendo de manifiesto la ignorancia imperante al menospreciar el perjuicio social, en todos los sentidos, que supone la tolerancia al maltrato animal y una falta absoluta de respeto hacia el sistema y las normas que lo sustentan, que surgen para satisfacer las demandas del avance de la sociedad.

Si no se va a perseguir su cumplimiento, leyes, ¿para qué os quiero?