Una “Ventana de Overton” a la valenciana

Valencia tiene su propia versión de la “Ventana de Overton”: no en un think tank de Washington, sino en un juzgado de instancia, unos tuits de una edil y un silencio partidista que dice más que mil comunicados.

El Juzgado de Instancia nº 15 de Valencia decretó la apertura de juicio oral por delito de odio contra una concejala de Vox en el Ayuntamiento de València. La Fiscalía reclama para ella una condena de tres años de prisión por la difusión, entre 2020 y 2024, de mensajes presuntamente considerados de odio. Un periodo en el que no ocupaba cargo público alguno en su mayor parte. Hasta aquí, la crónica judicial. Pero el caso se ha convertido en algo más: un termómetro de hasta dónde llega en España —y muy especialmente en Valencia— el margen de lo “decible” en política.

La “Ventana de Overton” describe el rango de ideas que una sociedad considera aceptables en el debate público. Lo relevante no es que todo el mundo comparta esas ideas, sino que dejen de ser impensables y pasen a discutirse como opciones “razonables”.

En los últimos meses, esa ventana se ha desplazado con fuerza en torno a la inmigración. En Ceuta, dirigentes políticos y tertulianos de gran audiencia han hablado sin ambages de “invasión”, “acto de guerra” o “gestión favorecedora” desde Marruecos, en un tono que hace apenas unos años habría sido marginal. Irene Montero llegó a relacionar a presentadores como Ana Rosa Quintana, Susanna Griso, Carlos Herrera o Pablo Motos con la extrema derecha por usar el término “invasión” en sus programas.

Al mismo tiempo, la justicia investiga la crisis de Ceuta como un posible delito que compromete la paz o la independencia del Estado, en una línea que refuerza la narrativa bélica del fenómeno migratorio. En ese contexto, hablar de “invasión” deja de ser una exageración de ultraderecha y se convierte en lenguaje de portadas, debates y sentencias.

Aquí es donde la acusación contra la concejal se lee como una “Ventana de Overton” a la valenciana. Por un lado, el discurso de “invasión” y de amenaza migratoria circula con total naturalidad en televisión, redes y declaraciones de líderes nacionales y autonómicos. Por otro, una edil local sin aforamiento ve cómo la Fiscalía pide tres años de cárcel por tuits queno harían sino expresar opiniones compartidas por amplios sectores de la sociedad.

La pregunta incómoda es por qué ese mismo Ministerio Fiscal no ha abierto diligencias de oficio contra quienes, con mayor audiencia y repercusión, han utilizado términos como “invasión”, “ejércitos de bots” o “amenaza a la integridad territorial” en relación con Ceuta y Melilla. La respuesta, probablemente, no esté solo en el derecho penal, sino en la política: quién tiene inmunidad, quién tiene micrófono y quién está dispuesto a defender la libertad de expresión siempre, y no solo cuando conviene.

El otro lado de esta ventana valenciana es el silencio. Según las críticas que circulan en redes y columnas, Vox calló cuando Compromís denunció a su concejal, calló cuando el PSOE amplió la denuncia y calló cuando se abrió el juicio oral. Un partido que se presenta como defensor de la libertad de expresión y de la batalla cultural parece haber optado por la prudencia institucional y el cálculo electoral a costa de callar cuando se ataca a los suyos y no le interesa defenderlos.

Si la libertad de expresión solo se defiende cuando la opinión es mayoritaria o conveniente, entonces no se defiende la libertad, se defiende la comodidad

Valencia, con su mezcla de tensión política autonómica, disputas municipales y una derecha fragmentada entre el PP y Vox, funciona como un laboratorio perfecto para observar este fenómeno. En La Comunitat, la derecha ya ha utilizado la “Ventana de Overton” para normalizar conceptos como “policía educativa” o “neutralidad ideológica” en las aulas, presentando como “sentido común” lo que antes sonaba a programa de ultraderecha.

La acusación contra la concejal añade una nueva capa: la judicialización de la batalla cultural. Lo que en otros lugares se dirime en tertulias y redes, en Valencia puede acabar en un juzgado, con petición de años de prisión y un debate sobre si la ley de odio se aplica con el mismo rasero a una edil sin aforamiento que a un presentador en horario de máxima audiencia.

La “Ventana de Overton”, en su versión valenciana, nos deja una lección incómoda: si la libertad de expresión solo se defiende cuando la opinión es mayoritaria o conveniente, entonces no se defiende la libertad, se defiende la comodidad. Si el discurso sobre inmigración, seguridad o identidad se acepta en televisión y se castiga en un perfil de “X”, la ventana no se ha abierto: se ha desplazado selectivamente.

Valencia, con sus juzgados, sus ediles y sus silencios, ofrece un retrato nítido de ese mecanismo. Y de cómo, a veces, la teoría política más abstracta aterriza en un auto de apertura de juicio oral y en una columna que, al leerla, hace preguntarse de qué lado de la ventana estamos realmente.