Camarero se pregunta "dónde está Morant" tras el informe del Tribunal de Cuentas sobre los fallos en las pulseras antimaltrato

La vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha reclamado explicaciones al Gobierno central tras conocerse el informe del Tribunal de Cuentas sobre las pulseras antimaltrato, que detecta “graves deficiencias” tanto en la contratación como en el seguimiento del sistema telemático de medidas de alejamiento destinado a proteger a víctimas de violencia de género y sexual.

Camarero ha calificado las conclusiones del órgano fiscalizador de “gravísimas” y considera que evidencian, a su juicio, que el Gobierno no ha estado a la altura en un asunto relacionado directamente con la seguridad de las mujeres. Ante esta situación, la 'popular' se pregunta ahora "dónde está" la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia y Universidades, la feminista Diana Morant "que llevaba de la mano a su número dos, José Luis Ábalos, que se vanagloriaba de pagar prostitutas con dinero publico mientras su Gobierno desprotegía a las mujeres víctimas de violencia". 

La dirigente valenciana ha endurecido sus críticas al sostener que no se trataría únicamente de un problema puntual, sino de un fallo que afecta a la propia estructura del sistema de protección.

La vicepresidenta ha puesto especialmente el foco en uno de los datos que, según ha señalado, recoge el informe: 886 maltratadores no pudieron ser localizados durante el proceso de sustitución de los dispositivos. Camarero exige ahora al Ejecutivo que detalle qué ocurrió durante ese periodo y cuál fue el alcance real de las incidencias. Según la dirigente valenciana, las pulseras están concebidas precisamente para mantener controlados a los agresores y reforzar la protección de aquellas mujeres que cuentan con una medida de alejamiento acordada judicialmente.

Camarero ha criticado que, mientras se producían problemas con la migración de los dispositivos, el Gobierno habría trasladado un mensaje de normalidad defendiendo la compra de "pulseras de AlieExpress".  Para la vicepresidenta, la gravedad de la situación reside precisamente en que cualquier interrupción o fallo en un mecanismo destinado a controlar a maltratadores puede tener consecuencias sobre la seguridad de las víctimas. Por ello, reclama al Gobierno que concrete cuántos agresores quedaron sin localizar, durante cuánto tiempo, qué consecuencias tuvo la incidencia y quién asumirá las responsabilidades que correspondan.

“Las mujeres que llevan una pulsera porque un juez ha considerado que están en riesgo no necesitan propaganda feminista”, ha defendido Camarero, que considera que lo que necesitan es que el sistema funcione y conocer la verdad cuando se produzca un fallo. Camarero ha acusado al Ejecutivo de haber intentado minimizar las deficiencias detectadas y ha cuestionado que se pueda hablar de protección a las víctimas mientras se ocultan, según su interpretación, problemas en uno de los instrumentos utilizados para garantizarla.

La vicepresidenta, además, ve especialmente grave que quienes se presentan como referentes del feminismo sean, a su juicio, quienes “tapan los desmanes de su casa” cuando aparecen problemas relacionados con la protección de las mujeres. En esta línea, ha afirmado que “la seguridad de las mujeres no puede estar sometida a la propaganda” y ha reclamado explicaciones al Ejecutivo sobre lo ocurrido durante el proceso de sustitución de los dispositivos.