La ciudad que expulsa a sus mayores

Hay desahucios que se ejecutan con una diligencia y una frialdad casi administrativa. Y hay desahucios que retratan moralmente a una sociedad entera. El de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años en silla de ruedas desalojada de la vivienda en la que había vivido durante más de siete décadas, pertenece a la segunda categoría: no es solo la expulsión de una inquilina, sino el desalojo de una vida.

Maricarmen pagaba 500 euros mensuales por su casa del barrio madrileño de Retiro. Tras la adquisición del inmueble por Urbagestión, una inmobiliaria vinculada en última instancia a un fondo de inversión, el alquiler había sido elevado hasta 1.650 euros, una cantidad superior a su pensión de 1.450 euros después de haber intentado la inquilina rebajar la cantidad. La comisión judicial ejecutó finalmente el lanzamiento el pasado jueves 23 de septiembre.

La pregunta no es únicamente qué permite la ley. La pregunta es qué clase de sociedad acepta que una anciana, que no se niega a pagar, sin recursos familiares y con movilidad reducida, sea tratada como una pieza prescindible de una operación inmobiliaria. Porque el especulador puede presentar contratos, procedimientos y resoluciones judiciales. Lo que no puede presentar —al menos no sin sonrojo— es una justificación moral convincente para convertir un hogar de setenta años en una oportunidad de negocio.

Los especuladores inmobiliarios no compran solamente ladrillos. Compran edificios enteros, contratos, barrios y, en demasiadas ocasiones, la capacidad de decidir quién puede seguir viviendo en ellos. Su lógica es sencilla: adquirir barato, actualizar rentas, presionar al inquilino, reformar, vender o transformar el inmueble en un activo de mayor rendimiento. En ese balance financiero, la memoria de los vecinos aparece como una molestia. El comercio de toda la vida, la portera que conoce a las familias, el matrimonio jubilado, el niño que ha crecido en el barrio: todo queda reducido a una variable que debe ser desplazada si no produce la rentabilidad esperada.

Así se produce el vaciamiento social de los centros urbanos. Primero desaparecen los alquileres asequibles; después, los residentes de siempre. Llegan los apartamentos turísticos, las viviendas de lujo, los alquileres temporales y los pisos concebidos para inversores antes que para ciudadanos. El barrio conserva sus fachadas, pero pierde su comunidad. Se mantiene el decorado y se expulsa a los actores. El resultado es una forma de especulación especialmente cruel: la que convierte la vulnerabilidad en negocio. El especulador o el fondo no ve a Maricarmen; ve una renta antigua. No ve setenta años de vida; ve una diferencia entre 500 y 1.650 euros. No ve un domicilio; ve un activo infraexplotado.

En ese balance financiero, la memoria de los vecinos aparece como una molestia

València conoce bien esta transformación. En Ciutat Vella, Russafa, Cabanyal, Benimaclet y otros barrios sometidos a una fuerte presión inmobiliaria, muchos vecinos afrontan alquileres crecientes, contratos temporales, pisos turísticos y una sustitución progresiva de la población residente. El problema no siempre adopta la forma dramática de una renovación imposible o una subida que obliga a marcharse sin que nadie tenga que tocar la puerta con una comisión judicial. La expulsión también puede ser silenciosa.

Una pareja mayor abandona el piso porque la renta se duplica. Una familia se traslada a la periferia porque ya no puede pagar el centro. Un pequeño comercio cierra porque el alquiler deja de ser compatible con su actividad. Un edificio entero cambia de perfil y, con él, cambia la vida de la calle. València corre el riesgo de convertirse en una ciudad para quienes la visitan, la compran o la alquilan por temporadas, pero no para quienes la sostienen durante todo el año.

El centro histórico puede llenarse de terrazas, apartamentos y viviendas impecablemente reformadas mientras pierde vecinos, redes de apoyo y memoria. Una ciudad sin residentes estables no es una ciudad dinámica: es un escaparate. Por eso el caso de Maricarmen no debe contemplarse como una desgracia madrileña ajena. Es una advertencia para València. Allí donde el precio del suelo dicta la composición social del barrio, el desplazamiento de los mayores y de las familias trabajadoras deja de ser una excepción y se convierte en una política urbana de facto.

Nos encontramos ante una tragedia con muchos responsables. Sería cómodo atribuir toda la responsabilidad a esos gestores de activos inmobiliarios y dar el caso por resuelto con una denuncia. Hay una responsabilidad privada, sin duda, cuando una inmobiliaria se niega a negociar incluso ante una situación de extrema vulnerabilidad buscando la usura. Pero también existe una responsabilidad política cuando no hay suficiente parque público, cuando se alargan los trámites para licencias de construcción, cuando las ayudas llegan tarde, cuando los servicios sociales carecen de capacidad real y cuando los procedimientos no incorporan con eficacia la edad, la dependencia y la trayectoria vital de quienes van a ser expulsados.

El barrio conserva sus fachadas, pero pierde su comunidad

Si València y Madrid permiten que sus barrios céntricos se conviertan en carteras de inversión, no perderán únicamente vecinos. Perderán aquello que hace que una ciudad sea reconocible: sus historias, sus vínculos y la posibilidad de envejecer dignamente en el lugar donde uno ha vivido. El ladrillo podrá seguir subiendo de precio. Pero la ciudad, entretanto, estará cada vez más vacía de ciudadanos mientras los gestores de activos inmobiliarios hacen caja.