La vivienda: el “quinto pilar” que el Estado Social olvida
Cuando la política se limita a reaccionar tras las acampadas, ya no gobierna: administra su propia debilidad
Imágenes de la manifestación en Málaga por la vivienda. A 3 de octubre de 2026, en Málaga
España ha llegado al límite. No por una crisis económica abstracta, ni por una encuesta desfavorable, sino porque decenas de miles de ciudadanos han comprendido que sin una vivienda accesible no hay libertad real, ni familia estable, ni proyecto de vida. Las manifestaciones que recorren Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y más de medio centenar de ciudades no son una protesta más: son la factura política de décadas de desidia, especulación y retórica vacía.
El detonante ha sido simbólico: el desahucio de Maricarmen. Pero esta no es la causa de la crisis: es su rostro. La causa es un mercado donde el alquiler devora salarios, donde la compra se ha convertido en privilegio hereditario y donde el Estado mira hacia otro lado mientras el suelo urbano se financializa. Pedro Sánchez intentó responder con dos decretos de vivienda. El Congreso los tumbaron el dos de octubre, y con ellos se hundió también la ficción de que el Ejecutivo controlaba la agenda política.
La ironía es demoledora: un Gobierno que durante años ha presentado la vivienda como prioridad social ha terminado dependiendo de un paquete de urgencia, aprobado a las carreras, para contener una emergencia que llevaba demasiado tiempo gestándose. Cuando la política se limita a reaccionar tras las acampadas, ya no gobierna: administra su propia debilidad. El rechazo de los decretos no solo fue una derrota legislativa; fue la confirmación de que Sánchez carece de mayoría estable para responder al problema central de esta legislatura.
El Sindicato de Inquilinas ha convocado manifestaciones en más de 50 ciudades y habla abiertamente de “hacia la huelga general”. Sus reivindicaciones —rebaja del 50% de los alquileres, contratos indefinidos y expropiación de viviendas a fondos buitre— son radicales, sin duda. Pero su fuerza reside en algo más sencillo: expresan la sensación de que el sistema ya no ofrece una salida razonable a quien no hereda o no gana mucho.
Ese es el verdadero terremoto político. No es ideológico, sino existencial. Una generación entera descubre que trabajar, estudiar y cumplir las reglas ya no garantiza independencia residencial. Cuando el mérito deja de traducirse en autonomía, la lealtad hacia las instituciones se erosiona.
El Estado Social europeo se construyó sobre cuatro grandes pilares: sanidad, educación, pensiones y protección por desempleo. Fueron conquistas históricas que convirtieron riesgos individuales en garantías colectivas. Pero el siglo XXI ha añadido un riesgo nuevo, igual de devastador: quedar excluido del acceso a una vivienda digna.
No se puede defender un Estado social serio mientras la sanidad pública convive con alquileres insoportables, la educación pública con familias hacinadas y las pensiones con mayores desahuciados. La vivienda no es un bien de consumo más ni un simple activo financiero: es la infraestructura material de todos los demás derechos. Sin techo estable, el derecho a la salud se degrada; sin estabilidad residencial, el derecho a la educación se resiente; sin un hogar, la protección social se convierte en papel mojado.
Toca defender la propiedad, sí, pero también la propiedad accesible; defender el patrimonio, sí, pero no la rentabilidad depredadora que vacía barrios y expulsa residentes
Por eso la vivienda debe elevarse a “quinto pilar del Estado social”. No como slogan electoral, sino como compromiso institucional: suelo público, parque público de alquiler asequible, fiscalidad que penalice la especulación y la vivienda vacía, límites eficaces a la turistificación, protección frente a desahucios sin alternativa habitacional y una política europea que deje de tratar los pisos como mercancía deslocalizable.
Toca defender la propiedad, sí, pero también la propiedad accesible; defender el patrimonio, sí, pero no la rentabilidad depredadora que vacía barrios y expulsa residentes. Si nuestro centroderecha -el Partido Popular- no da una alternativa viable, será golpeado por la misma ola social que hoy golpea al gobierno de Sánchez. Si propone un modelo serio de vivienda, puede recuperar una agenda que el “progresismo” ha monopolizado en el discurso y abandonado en los resultados.
El PPCV ofrece un ejemplo de que otra política es posible sin declararle la guerra a la propiedad. Bajo la dirección de Susana Camarero, vicepresidenta del Consell, ha combinado ayudas directas al alquiler y a la compra con medidas para ampliar la oferta: el Bono Alquiler Joven, las ayudas a jóvenes con escasos recursos para adquirir su primera vivienda, las garantías del Institut Valencià de Finances, la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el Plan Vive, orientado a promover 10.000 viviendas asequibles mediante suelo público y colaboración público-privada. No es una panacea —ninguna política lo será mientras la oferta escasee y los precios sigan disparados—, pero sí marca una diferencia esencial: en lugar de limitarse a regular precios desde el despacho, intenta movilizar vivienda vacía, rehabilitar el parque existente, reforzar el alquiler social y facilitar la emancipación juvenil.
Si el Estado social necesita un quinto pilar, la política valenciana demuestra que éste debe construirse con oferta, ayudas y seguridad jurídica; no solo con decretos que caducan antes de llegar a los que más los necesitan. Y es que España no necesita solamente y con urgencia un cambio de inquilino en La Moncloa. Necesita una nueva política social. Una, en el que la vivienda deje de ser la gran asignatura pendiente del Estado Social y pase a ocupar el lugar que le corresponde: el quinto pilar, tan innegociable como la sanidad, la educación, las pensiones o el desempleo.