El marido de la jueza de la dana reconoce que la asistió en la toma de declaración de algunas víctimas

El marido de la jueza de la dana, el también magistrado Jorge Martínez, reconoce, a través de un escrito al Consejo General del Poder Judicial, que sí estuvo presente en la sala mientras algunas víctimas de la dana que el pasado 29 de octubre de 2024 arrasó la provincia de Valencia, cobrándose la vida de 233 personas, prestaban declaración. Su justificación para estar presente: el desgaste emocional que estos testimonios estaban produciendo en su mujer. “Ello me impulsó a estar junto a ella en momentos puntuales cuando tomaba declaraciones”, escribía Martínez en este documento, al que ha tenido acceso ESdiario, en el que también la propia instructora afirma incluso que este llegó a “recoger DNIs de las personas que entraban en la sala” por el cúmulo de trabajo que Martínez Tobarra aseguraba tener.

Así se recoge en los escritos presentados tanto por la propia jueza que instruye la causa como por su marido ante el CGPJ, por las quejas presentadas por los imputados en la causa, el exsecretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Emilio Argüeso, y la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, a raíz de una serie de informaciones en las que se recogía que algunas víctimas sí vieron a Jorge Martínez en la sala. Hace unos días, la hija de unos fallecidos explicaba en redes sociales que este “la entrevistó”.

Pese al archivo de la causa, en las explicaciones tanto de su marido como de la jueza de la dana se puede ver claramente que, de una u otra forma, Jorge Martínez la asistió a lo largo del proceso de toma de declaraciones de algunas víctimas y que algunas de estas insinuaciones tenían algo de fundamento pese al 'rebote' de la magistrada en un auto. Sin embargo, pese a esto, el órgano de gobierno de los jueces ha descartado que existan pruebas con el grado de “solidez y certeza” exigido para considerar probada la participación de un magistrado distinto a la titular en las declaraciones de los perjudicados.

La respuesta pública de la instructora ante estas insinuaciones fue un auto, el 1 de septiembre de 2025, en el que afirmaba que estaba siendo víctima de una “campaña difamatoria” contra su persona y de un “machismo atroz”. Ahora, más de un año después, se prueba que las víctimas y afectados en la instrucción que denunciaban la presencia del juez en la sala tenían razón.