El Constitucional tumba parte de la Ley valenciana de Costas y el Consell promete seguir protegiendo el litoral

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales varios preceptos de la Ley de protección y ordenación de la costa valenciana impulsada por el Consell, al considerar que invaden competencias del Estado sobre el dominio público marítimo-terrestre. Tras conocerse la sentencia, el Gobierno valenciano ha defendido que mantiene “inquebrantable” su voluntad de proteger los núcleos urbanos costeros de valor etnológico, mientras el PSPV ha reclamado la dimisión del conseller Vicente Martínez Mus.

La resolución estima el recurso presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el artículo 17, la disposición final primera y la disposición adicional cuarta de la ley autonómica, aprobada por Les Corts en mayo de 2025. El fallo afecta especialmente a la protección de las edificaciones tradicionales de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura (Alicante), cuya demolición había sido ordenada por resoluciones judiciales firmes pendientes de ejecución.

De esta forma, el Constitucional considera que la Comunitat Valenciana puede proteger los valores históricos, culturales y etnológicos de los núcleos situados en el litoral, incluso cuando se encuentran en terrenos de dominio público marítimo-terrestre. Sin embargo, advierte de que esa protección autonómica no puede limitar las competencias estatales sobre estos espacios ni impedir actuaciones destinadas a garantizar su integridad y recuperación.

Por ello, declara inconstitucionales el artículo 17 y la disposición final primera en la medida en que se apliquen a terrenos de dominio público marítimo-terrestre, aunque no los anula y permite mantener su aplicación en otros espacios del litoral. Además, el tribunal declara inconstitucional y nula la disposición adicional cuarta, que facultaba a la Generalitat para elaborar un inventario de terrenos degradados. Según la sentencia, esta previsión invade las competencias estatales para determinar qué terrenos forman parte del dominio público marítimo-terrestre y decidir sobre su deslinde o eventual desafectación.

El Consell buscará alternativas jurídicas

Tras conocer el fallo, fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación han asegurado que estudiarán “todas las vías jurídicas” para proteger los núcleos urbanos costeros de especial valor etnológico. El departamento dirigido por Vicente Martínez Mus también ha lamentado que la sentencia se haya comunicado a los medios “antes que a la propia Generalitat Valenciana”.

El Ejecutivo autonómico sostiene que, en una primera valoración, el Constitucional no cuestiona la necesidad de proteger estos enclaves, sino que limita que esa protección se articule desde una comunidad autónoma cuando afecta a competencias estatales. “Este matiz es fundamental: la necesidad de proteger estos núcleos sigue vigente”, defienden desde el Consell, que considera que la legislación estatal podría ofrecer una vía alternativa. Asimismo, critica el bloqueo de una reforma de la Ley de Costas a nivel nacional y recalca que, salvo los preceptos afectados, “el resto de la ley sigue en vigor y se va a seguir desarrollando”.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha mostrado “muy prudente” ante la sentencia y ha asegurado que el Consell analizará su contenido antes de adoptar una posición definitiva. “No dice que nuestra ley no sea válida, sino que la protección de esos núcleos etnológicos de la costa no le debe corresponder a las autonomías, sino a la Administración del Estado”, ha defendido. Pérez Llorca ha sostenido que el Gobierno central no está protegiendo a los afectados y ha recordado que “viven allí, tienen su residencia allí y en este momento creo que el Estado no las está protegiendo”. Además, ha reivindicado una ley autonómica de costas al amparo del Estatut d'Autonomia.

Por su parte, Wenceslao Alós Valls, alcalde de Moncofa, también ha reaccionado a la sentencia del TC calificándola como un “gran revés” para la protección de las casetas de los poblados marítimos, al considerar que elimina “una de las principales vías legales para evitar su demolición”. Además, el primer edil ha acusado al Gobierno central de querer derribar estas construcciones y ha asegurado que “es necesario un cambio de gobierno el 29N si estas casetas se quieren proteger”.

El PSPV exige la dimisión de Martínez Mus

Del otro lado, la reacción socialista ha sido contundente. La portavoz adjunta del PSPV en Les Corts, María José Salvador, ha recordado que su partido advirtió desde el principio de que la norma invadía competencias estatales, especialmente por la figura de los núcleos etnológicos, que, a su juicio, pretendía condicionar los deslindes del litoral.

“El Partido Popular impulsó una ley para confrontar con el Gobierno de España”, ha afirmado Salvador, quien acusa al Consell de haber generado expectativas entre los vecinos afectados. Así, la dirigente socialista ha pedido la dimisión de Martínez Mus al considerar que ha actuado creando “falsas expectativas en los valencianos”. “La ley solo tenía un objetivo: confrontar con el Gobierno y engañar a nuestra población”, ha recalcado.