El alcalde Canet en el juzgado por "enchufar" a su mujer se escuda en una conspiración contra él

El alcalde socialista de Canet, Pere Antoni Chordà, investigado por presunta "prevaricación administrativa" ha tenido que dar explicaciones ante la justicia por el proceso de promoción interna que concluyó con el nombramiento de su esposa, Paola Llueca, como funcionaria del grupo A2.  

El culmen de este proceso se certificó el pasado 24 de abril de 2025, fecha en la que el DOGV (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana) publicó oficialmente el nombramiento de Paola Llueca tras superar el proceso selectivo de oposición cuestionado.  

Si bien en apariencia el decreto de anuncio de la convocatoria al proceso selectivo consultado por ESdiario guarda las formas legales, especificando las bases con las condiciones, la baremación y su debida publicidad; la 'Plataforma de Afectados por la Corrupción de Canet' denunciante apuntó en su denuncia también consultada por este periódico que el alcalde habría nombrado a su mujer de "forma directa" vulnerando presuntamente "los requisitos ni condiciones" exigidos legalmente, lo que, a juicio del denunciante, encaja de pleno en los presuntos delitos de "tráfico de influencias y prevaricación".   Es más, la citada Plataforma denuncia que no es un caso aislado. El escrito que presentó ante el Ministerio Fiscal denunciaba la existencia -dice- de una presunta "trama en las oposiciones" dedicada a tejer un entramado de presuntos procesos selectivos fraudulentos.  

Cabe recordar el caso del subdelegado del Gobierno, José Rodríguez Jurado, también denunciado por la misma 'Plataforma de Afectados por la Corrupción' por su ascenso en un proceso selectivo del mismo Ayuntamiento de Canet, y que actualmente está investigado después de que la propia Fiscalía decidiera elevar una denuncia.

La defensa del alcalde ha rechazado de lleno su implicación en el proceso selectivo. Fuentes del Ayuntamiento defienden la legalidad del proceso argumentando, por un lado, que solo se presentaron dos personas a la plaza convocada, ente ellas la mujer del alcalde. Y, por otro, desvinculando al alcalde del procedimiento. En sede judicial, el alcalde ha declarado que participó "solo en el inicio y en el final", absteniéndose en mitad del procedimiento y documenta que el nombramiento está firmado por otra tercera persona. 

No solo eso. El alcalde afirma que se trata de una "campaña de desprestigio". Las citas fuentes municipales deslegitiman al denunciante -quien no ha participado en el juicio por no pagar el requisito de las costas- criticando que no se trata de una asociación registrada oficialmente y que esta denuncia se enmarca en un conjunto de acciones legales emprendidas por la misma persona.